¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien y mejor que los intendentes salteños que semana a semana parecen estar caminando por una cuerda demasiado endeble.
Como ya habrás leído en diarios y portales, el Poder Legislativo de la provincia de Salta aprobó la iniciativa enviada por el gobernador, Gustavo Sáenz, para intervenir el municipio de Rivadavia Banda Norte (Morillo).
El motivo de la intervención o “herramienta constitucional”, como prefieren llamarla algunos legisladores, se sustentó en las implicancias legales y políticas del caso, especialmente ante las pruebas que vinculan al intendente Atta Gerala y a su hijo, José Miguel Gerala, con hechos delictivos. Gerala está con prisión preventiva domiciliaria e imputado por los delitos de robo y contrabando de rieles; y malversación de caudales públicos.
El proyecto aprobado en ambas cámaras legislativas establece la intervención municipal, facultando al Poder Ejecutivo Provincial a designar al Comisionado Interventor del Departamento Ejecutivo Municipal, hasta el 10 de diciembre de 2025. Marcelo Córdova, fue la persona elegida por el gobierno para hacerse cargo del municipio.
Asimismo, queda facultado el Gobernador de la Provincia a convocar a elecciones a tales efectos, asumiendo el intendente electo sus funciones el día 10 de diciembre de 2025.
“El problema del intendente Gerala en sí es un problema de él con la justicia. Nuestro problema es la institucionalidad. Estamos dando la respuesta necesaria”, aseguró el vicegobernador, Antonio Marocco, después de la media sanción otorgada por el Senado al proyecto.
Detrás de escena
La sanción política contra Gerala no resultó un tema más del montón en el debate legislativo por el propio peso específico del dirigente norteño en la vida política local. Más allá de desenvolverse como jefe comunal de Morillo desde la década del 90’ -con un intervalo hace unos atrás cuando representó al departamento Rivadavia en la Cámara de Diputados- Gerala es hombre de confianza del senador Mashur Lapad, otra institución en la política, pero sobre todo en el Senado salteño.
“La Justicia es la que debe determinar en este caso. Nosotros estamos allanando el camino para que se pueda hacer un trabajo que la Justicia requiere”, dijo Lapad en el marco de la sesión especial que llevó adelante la Cámara alta. Y remarcó que el pedido elevado desde el Grand Bourg “es oportuno para que la política se allane a la Justicia”. “El voto unánime del Senado muestra que estamos del lado de la ley y la Constitución”, subrayó el vicepresidente primero del Senado.
En los pasillos de la Legislatura aseguran que el Senado dilató lo más que pudo esta situación porque la gravedad del tema les permitía avanzar con la intervención municipal el jueves pasado. Sin embargo, la Justicia y el Ejecutivo les marcaron la cancha a los representantes departamentales.
“Ellos quedaban mal parados si trataban el tema recién el jueves por eso tuvieron adelantarse y sesionar de forma especial durante la mañana del martes”, dijo un representante de la Cámara de Diputados a Legisnoa.
Para otros entendidos en la vida interna del histórico edificio que alberga a las cámaras legislativas no resultó azaroso que el Senado difunda especialmente las declaraciones de Lapad sobre el tema. Para estas fuentes ese gesto es autoría de Antonio Marocco, quien después de tener que soportar algunos desplantes y obstáculos de la tercera autoridad de la provincia pudo tomarse una pequeña, pero significativa, revancha.
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