La beneficiaria de la medida es la institución Tigres Rugby Club, que recibirá por un plazo de 25 años una superficie aproximada de 88.756 metros cuadrados.
La última sesión del Senado de la provincia de Salta estuvo fuertemente atravesada por los conflictos y litigios en torno a la propiedad y el destino de la tierra. Durante el encuentro legislativo, el cuerpo aprobó un proyecto de declaración con el fin de instar a los legisladores nacionales salteños a trabajar en una norma de fondo que resguarde los derechos ancestrales de los pueblos originarios. El reclamo surge ante la vulnerabilidad habitacional que sufren las comunidades locales tras la caducidad de la Ley Nacional 26160, que anteriormente funcionaba como un freno ante los desalojos en todo el territorio provincial.
El impulsor de esta declaración fue el senador Manrique Burgos, quien puso el foco sobre la crítica situación que atraviesa el departamento de Cachi, puntualmente la comunidad originaria de Las Pailas, que recientemente sufrió el desalojo de varias familias. Burgos remarcó la necesidad de alcanzar una norma superadora que valide los derechos constitucionales vigentes, tales como el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, el legislador señaló que el Estado tiene una deuda histórica con estos sectores vulnerables y propuso debatir a futuro una ley de expropiación que resuelva el problema habitacional de raíz.
En contraste con la problemática indígena, la sesión también avanzó con la aprobación en revisión de un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar una importante fracción de tierras fiscales en comodato. La beneficiaria de la medida es la institución Tigres Rugby Club, que recibirá por un plazo de 25 años una superficie aproximada de 88.756 metros cuadrados correspondientes a la Matrícula N° 173.675 del departamento Capital. Según el texto aprobado, estas hectáreas serán destinadas a la construcción y ampliación de su sede social para actividades deportivas, fijando además la contraprestación de otorgar un cupo de becas del 5% para jóvenes de escasos recursos.
Sin embargo, el destino de este predio generó tensiones y discrepancias dentro del recinto salteño, lo que derivó en la abstención de los senadores Manrique Burgos y Gonzalo Guaymás, y el voto negativo explícito de Roque Cornejo Avellaneda. El debate se intensificó al anunciar que las tierras en cuestión colisionan con reclamos de otras comunidades nativas, como el pueblo Lule, instalando una fuerte contradicción sobre los criterios oficiales de asignación y regularización de los inmuebles estatales en litigio.
Tras manifestar su rechazo en la votación, el senador Cornejo Avellaneda denunció públicamente el impacto socioambiental que implica ceder este espacio protegido, perteneciente a la reserva Finca Las Costas. El legislador alertó sobre el avasallamiento a los recursos naturales del predio que resguarda una cuenca hídrica vital, argumentando que el propio Poder Ejecutivo incumple con sus obligaciones de preservación. Para dirimir el conflicto y resguardar los derechos de las generaciones futuras, Cornejo solicitó formalmente convocar a un referéndum constitucional para que sean los habitantes de Salta y San Lorenzo quienes decidan democráticamente el futuro de la reserva.
