la entidad que regula la matrícula profesional cuestionaron duramente que la propuesta avance con “numerosas falencias” y, sobre todo, que no se haya consultado previamente a la institución correspondiente antes de su aprobación de forma unánime en la Cámara Baja.
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta manifestó su “más enérgica preocupación institucional” y su rechazo al proyecto de declaración que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Salta. La iniciativa parlamentaria solicita al Poder Ejecutivo la incorporación de “psicólogos sociales” a los equipos técnicos de las unidades educativas. Desde la entidad que regula la matrícula profesional cuestionaron duramente que la propuesta avance con “numerosas falencias” y, sobre todo, que no se haya consultado previamente a la institución correspondiente antes de su aprobación de forma unánime en la Cámara Baja.
El proyecto en disputa, impulsado por el bloque Todos por Salta y promovido por el diputado Gustavo Orozco, plantea que el Ministerio de Educación y Cultura arbitrará los medios necesarios para sumar estos perfiles en los establecimientos escolares. El objetivo legislativo apunta a abordar problemáticas urgentes como el bullying, el ciberbullying, el grooming, la convivencia escolar y el manejo de las emociones. Sin embargo, las autoridades del Colegio advirtieron que asignar funciones vinculadas al sufrimiento subjetivo y emocional a personas sin la formación adecuada resulta alarmante y pone en riesgo el derecho de la comunidad educativa a recibir prestaciones seguras.
La presidenta de la institución, Gisela Pedersen, junto a la Comisión Ejecutiva, remarcó que la protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias debe ser el eje central de toda política pública. En este sentido, enfatizó que las intervenciones vinculadas a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar deben estar estrictamente a cargo de profesionales idóneos con formación universitaria de grado, incumbencias específicas y matrícula habilitante, elementos clave para garantizar la seguridad técnica en casos complejos.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento apunta al uso de la denominación “psicólogos sociales”, la cual calificaron como un claro caso de intrusismo y usurpación de incumbencias que roza la ilegalidad. La entidad aclaró que la psicología social es una vertiente teórica dentro de la disciplina y no una habilitación profesional autónoma para coordinar grupos o realizar abordajes clínicos. Sostuvieron que la utilización de este término por parte de personas con formaciones técnicas o terciarias confunde deliberadamente a la comunidad, ya que el diagnóstico y tratamiento del sufrimiento psíquico son competencias exclusivas de psicólogos universitarios.
Tras el avance de la iniciativa en Diputados, el Colegio solicitó una reunión urgente con el Senado provincial para plantear su postura y frenar el avance del proyecto en los mismos términos. Pedersen concluyó que, en lugar de sumar figuras sin competencias legales claras, el Estado debe cubrir las vacantes actuales y fortalecer los equipos de orientación escolar con profesionales debidamente formados —como psicólogos educacionales, psicopedagogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos— para dar una respuesta interdisciplinaria y técnicamente responsable a la violencia digital y la convivencia en las aulas.
