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Sin lugar a dudas, la situación política y judicial de Carlos “Conejo” Martínez, ahora ex intendente de Aguas Blancas, acaparó la agenda. Después de permanecer en silencio y casi pasar por alto unas recientes declaraciones del Procurador provincial, un significativo sector de la dirigencia política se expidió en relación a los alarmantes hechos sucedidos en la ciudad fronteriza.
Para la política local, este caso no debe ser tomado como uno más. “La magnitud de este escándalo es mayúsculo porque por primera vez un mismo caso expone de forma manifiesta las vinculaciones entre la política, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad”, expuso en estricto off un referente del oficialismo provincial en la Legislatura.
Hace poco más de un año, “Conejo” Martínez se convirtió en el intendente electo de Aguas Blancas. Los 1304 votos -el 49,6% de los sufragios emitidos- conseguidos en los comicios de 2023 le permitieron a Martínez convertirse en el segundo jefe comunal en la historia del municipio más joven de la provincia. Hoy, su presente político lo encuentra destituido por la Legislatura Provincial y detenido por entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, César “Oreja” Martínez.
La intervención sobre Aguas Blancas y los avances judiciales sobre la figura de Martínez se concretaron días después de que el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, revelara la existencia de un plan, orquestado por organizaciones narcocriminales, para atentar contra su vida y para inmiscuirse en la política a partir de la conquista electoral de intendencias en el norte salteño. “El crimen organizado está poniendo recursos y pretende infiltrarse en la primera línea de los estados que son los estados municipales”, dijo el jefe de los fiscales en la conferencia de prensa que encabezó el último 10 de septiembre para brindar mayores detalles sobre el plan conspirativo que se diseñó desde las cárceles para asesinarlo.
García Castiella fue claro en sus descripciones sobre las formas en las que el crimen organizado se mueve y actúa en la provincia, pero remarcó en varias oportunidades la pretensión que persiguen algunas bandas “de infiltrarse en ámbitos políticos”. “Tenemos situaciones de intendencias en el interior de la provincia, que deben ser enfrentadas. El dominio territorial es una pata al que pretende acceder el crimen organizado”, puntualizó el letrado.
Más allá de que la política optó, mayoritariamente, por el silencio en este tema, la Legislatura se vio en la obligación de dar una respuesta,y con el voto unánime de ambas cámaras se avanzó en la aplicación de esta herramienta constitucional.
Llamado de atención
Para el senador del Departamento Orán, Juan Cruz Curá, la realidad social causa preocupación en una zona que ha registrado en los últimos años el crecimiento de la llegada de gente que no es de la zona y que se instala para desarrollar distintas actividades ilegales. “Estoy de acuerdo con que le caiga el peso de la ley a todos los que están fuera de la ley y cometen ilícitos”, dijo. Y agregó: “No es que toda la dirigencia política esté inmiscuida en esto. Sí creo que puede haber sectores y que en este caso está más que claro con las pruebas y la investigación. Esperamos que esto avance porque eso lleva tranquilidad a la comunidad”.
En diálogo con Legisnoa, el senador del departamento La Viña, Jorge Soto aseguró que la gravedad institucional del caso requería una acción en tal sentido. “El narcotráfico ha tendido sus redes en la política, aunque esto no signifique que todos los políticos son malos. En este caso es un mensaje de tranquilidad, de transparencia y también de respeto a las instituciones”, remarcó el legislador.
Soto también reconoció que la situación obliga a los dirigentes y a las distintas fuerzas políticas a realizar un replanteo sobre quiénes son las personas que participan en listas electorales y compiten por un cargo público. “En el marco legal vigente, donde son los partidos políticos los principales actores,habrá que hacer un análisis de quiénes son los candidatos que se presentan a la sociedad”, subrayó.
¿La política es un terreno permeable?
Consultado por lo que significaron las declaraciones del Procurador, el diputado Germán Rallé dijo no sorprenderse por las afirmaciones vertidas porque desde hace tiempo se viene observando la incursión del narcotráfico en el poder político y en las fuerzas de seguridad. Más allá de esto, el titular del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción consideró que la situación es “grave” y merece especial atención porque lo que tiempo atrás se presuponía hoy es una realidad. “Tenemos que legislar y hay que, indudablemente, dar las leyes para que la transparencia del candidato realmente esté demostrada”, enfatizó.
Como titular de la Comisión de Justicia de la cámara baja, el diputado Luis Albeza reconoció que en la última década, Salta se ha convertido en un lugar peligroso, lo cual amerita un trato especial sobre estos temas. “Junto a otros legisladores venimos planteando la necesidad de hacer un cambio en el sistema electoral en muchos sentidos para volver a dotar de fortalecimiento de los partidos políticos y mejorar el proceso de selección de candidatos. Desde la instauración de las PASO se han creado partidos pequeños para salir por afuera y eludirlas, y así llegan a participar personas sin tener mayor representación o una ideología clara y precisa”, dijo el legislador oficialista. Y agregó: “la política tiene que hacer una reflexión en todo sentido porque la gente no confía en el político, no confía en la política porque ve que no se les resuelve los problemas cotidianos, como en este caso es la seguridad”.
