Los cuestionamientos se centran en que el nuevo diseño podría desvirtuar la genuina representación ciudadana y distorsionar la voluntad popular en las urnas
El escenario político salteño sumó un nuevo capítulo de tensión tras la reciente aprobación de la reforma electoral en la Legislatura provincial. El espacio político La Libertad Avanza (LLA) formalizó su rechazo a las modificaciones normativas acudiendo directamente a los tribunales. Mediante una presentación judicial, la fuerza opositora busca frenar el nuevo esquema al considerar que las reglas de juego convalidadas por el plano legislativo vulneran principios fundamentales consagrados en la Carta Magna.
La herramienta legal elegida por los representantes libertarios fue una acción popular de inconstitucionalidad, una figura jurídica contemplada de manera específica en la legislación de la provincia de Salta. La principal ventaja de este mecanismo radica en su carácter amplio y accesible, ya que faculta a cualquier ciudadano o institución a solicitar formalmente ante la Corte de Justicia local la invalidez de una norma. Para activarlo, el demandante no tiene la obligación jurídica de acreditar haber sufrido un perjuicio personal, directo o patrimonial, bastando únicamente con argumentar la presunta contradicción existente entre la ley cuestionada y el texto constitucional.
Desde la vereda opositora, los cuestionamientos hacia la nueva normativa se centran en que el nuevo diseño —que redefine las reglas tras la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)— podría desvirtuar la genuina representación ciudadana y distorsionar la voluntad popular en las urnas. Los apoderados y legisladores de La Libertad Avanza sostienen que la judicialización de la reforma es un paso necesario para proteger las instituciones y garantizar un marco de previsibilidad y transparencia de cara a los próximos desafíos electorales en el distrito.
Por su parte, el oficialismo salteño defendió de forma categórica lo accionado durante el tratamiento en las cámaras de Diputados y Senadores, rechazando enérgicamente las críticas de la oposición. Los legisladores que respondieron al Ejecutivo provincial argumentaron que la modificación aprobada no representa un retroceso, sino una modernización integral y necesaria que actualiza un sistema electoral que requería una adecuación urgente a los tiempos políticos que corren.
De acuerdo con los fundamentos expresados por el bloque mayoritario, el objetivo central de la iniciativa declarada consiste en ampliar los niveles de participación ciudadana y fijar pautas claras y equitativas para la presentación de candidaturas. Asimismo, desde el oficialismo subrayaron que el nuevo articulado resulta indispensable para ordenar la competencia entre las diferentes fuerzas políticas tras el fin de las PASO locales, por lo que ahora la resolución final del conflicto quedará supeditada al análisis de la máxima instancia judicial de la provincia.
