El Senado definirá si da luz verde a la continuidad de Ferraris y el desembarco de Nanni después del receso invernal
La Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados de Salta oficializó las propuestas para cubrir dos vacantes clave en la Auditoría General de la Provincia, el órgano encargado del control externo del Estado. Los candidatos seleccionados son el abogado Gustavo Ferraris, ex integrante y ex presidente del organismo de control —impulsado por el dirigente Guillermo Durand Cornejo—, y Miguel Nanni, ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical y figura de la oposición salteña, cuya postulación fue promovida por la diputada Soledad Farfán. Ambas candidaturas ya fueron elevadas al Senado de la Provincia, cuerpo que ahora tendrá la responsabilidad de analizar los pliegos y avanzar con la designación definitiva.
A pesar de que el oficialismo argumenta que Ferraris aporta continuidad institucional por su experiencia previa y que Nanni garantiza la representación de la oposición en el control de los recursos públicos, las nominaciones desataron un fuerte debate que trasciende los nombres propios. Diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito profesional cuestionan la transparencia del proceso y señalan que la discusión central debe girar en torno a la idoneidad técnica y la calidad institucional indispensables para un manejo transparente de los fondos del Estado provincial.
Una de las reacciones más severas provino del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (Focis), que calificó las propuestas como un “profundo escándalo institucional” y advirtió sobre un grave retroceso en materia de control público. La entidad objetó el intento de reelegir a un auditor cuyo mandato ya está cumplido y criticó la falta de antecedentes técnicos acreditados para una función tan especializada. Asimismo, el Focis recordó los duros cuestionamientos que arrastra la Auditoría por su desempeño en el caso del Fondo de Reparación Histórica, donde el organismo tardó casi diez años en emitir un informe considerado insuficiente sobre el destino de US$ 250 millones para obras en Orán, San Martín y Rivadavia, zonas que terminaron sin infraestructura de envergadura y con escasa documentación respaldatoria.
En sintonía con estos reclamos, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta expresó su “profunda preocupación” y su “enérgico rechazo” ante el hecho de que ambos vacantes pretenden ser cubiertas por abogados. A través de un pronunciamiento institucional firmado por sus autoridades (Gustavo Brandán y Claudia Quintar), la entidad advirtió que esta decisión vuelve a excluir a los profesionales de las Ciencias Económicas de un espacio donde su participación es central. Desde el Colegio remarcaron que, por la naturaleza de sus funciones, la Auditoría exige de manera indispensable conocimientos específicos en contabilidad, auditoría, administración financiera y control de gestión.
Con las posturas rígidamente enfrentadas entre la necesidad de especialización técnica reclamada por los profesionales y los acuerdos políticos gestados en la Cámara Baja, la última palabra la tendrá el Senado provincial. Después del receso invernal, la Cámara alta deberá evaluar si da luz verde a la continuidad de Ferraris y el desembarco de Nanni, o si atiende las advertencias de los organismos que exigen mayor transparencia y un perfil específico para auditar las cuentas públicas salteñas.
