Con el aval del Ejecutivo, la comisión bicameral avanza en su trabajo. En las últimas horas se presentó un pedido de juicio político contra la auditora Elsa Pereyra Maidana.
La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas de la Legislatura provincial reactivó con fuerza el análisis sobre la ejecución de las obras del Fondo de Reparación Histórica (Ley 7691), un millonario plan de infraestructura proyectado entre 2012 y 2019 bajo la gestión gubernamental de Juan Manuel Urtubey. Durante el encuentro celebrado la semana pasada, los legisladores se concentraron en evaluar el estado real de los proyectos destinados a los departamentos del norte salteño, una región históricamente postergada que debía verse beneficiada por estos recursos públicos.
El eje del debate se centró en el informe definitivo de la auditoría financiera, el cual encendió las alarmas debido a una polémica “abstención de opinión” dictaminada por el organismo de control. Los legisladores cuestionaron duramente esta postura técnica, que el auditor Marcos Segura Alzogaray justificó ante la comisión debido a la falta de documentación esencial por parte de tres de las cinco unidades ejecutoras auditadas, además de una alarmante presencia de legajos y expedientes incompletos.
Ante los cuestionamientos, Segura Alzogaray defendió su dictamen aclarando que la falta de comprobantes respaldatorios en los hechos económicos vuelve imposible emitir un juicio definitivo. El funcionario enfatizó que una abstención de opinión no debe considerarse un tecnicismo leve, sino un hecho institucional grave que dispara alertas por todos lados debido a un evidente desorden administrativo, donde faltaron actos fundamentales como certificados de obra, seguros y redeterminaciones de precios.
En este escenario de sospechas sobre el destino de los fondos orientados a los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, la Comisión Bicameral ha recibido un fuerte espaldarazo político. El cuerpo legislativo cuenta actualmente con luz verde total desde el Poder Ejecutivo para avanzar a fondo con su trabajo de investigación sobre el rol desempeñado por la propia Auditoría General. El clima interno se maneja con estricta cautela y determinación; según confió un integrante de la comisión bajo condición de anonimato: “No vamos a ser nosotros quienes lo metamos preso, será la justicia”.
Punto de tensión
La tensión institucional sumó un capítulo crítico en la Cámara de Diputados de Salta con la presentación de un pedido formal de juicio político contra una de las integrantes de la Auditoría General de la Provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana. La iniciativa, promovida por el diputado Luis Albeza (bloque Todos por Salta) y girada de inmediato a la Comisión de Juicio Político, acusa a la funcionaria por presunto mal desempeño y eventual incumplimiento de los deberes de su cargo.
El expediente contra la auditora apunta directamente a retrasos “irrazonables” en la emisión de los informes definitivos vinculados a este fondo financiado mediante endeudamiento internacional. Albeza argumentó que esta parálisis afectó de manera grave las facultades de control de la Legislatura, aclarando que no se trata de una disputa personal ni partidaria, sino de una obligación ante una “grave afectación institucional” que traba el esclarecimiento de uno de los procesos públicos más controvertidos de la historia reciente de la provincia.
