A pedido de Estados Unidos, el oficialismo redujo las sanciones previstas en el proyecto original a las empresas extranjeras que exploten recursos en las Islas Malvinas. Polémica por el Consejo de Seguridad Nacional y las “campañas de injerencia extranjera”.
Aunque la reunión se había anunciado como informativa y de exposiciones, pero no resolutiva, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Legislación avanzó con el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente denominado como “Ley Malvinas”, que en las próximas semanas llegará al recinto de la Cámara de Diputados.
“El dictamen de mayoría fue el de La Libertad Avanza que contó con el aval del PRO, la UCR, Karina Banfi de Adelante Buenos Aires, la santafesina Gisela Scaglia y el rionegrino Sergio Capozzi. En disidencia, lo hicieron Pablo Farías y José Núñez de Provincias Unidas y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal” consignaron fuentes periodísticas presentes el martes en el Congreso de la Nación y ampliaron que “la mendocina Lourdes Arrieta presentó uno en minoría, al igual que Esteban Paulón en conjunto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, mientras que Unión por la Patria también elevó su propio despacho como lo hizo el Frente de Izquierda con la rúbrica de Myriam Bregman, el único en rechazo”.
El proyecto impulsado por el gobierno nacional estuvo demorado durante las últimas semanas por intervención directa de la Secretaría de Estado y de la Embajada de Estados Unidos sobre el presidente Javier Milei. Según acusa la oposición, para poder avanzar en su tratamiento el oficialismo aceptó reducir las sanciones previstas en el proyecto original a las empresas que participen en la explotación de los recursos en las Islas Malvinas y a las que, muchas norteamericanas, asistan a compañías asociadas a proyectos de explotación hidrocarburífera en el territorio continental argentino.
En el oficialismo, en tanto, aseguran que para lograr el dictamen se tomaron en cuenta las opiniones de los bloques opositores. En efecto, el despacho final incorpora al Ministerio de Seguridad dentro del Consejo de Seguridad Nacional cuando el texto enviado por el Poder Ejecutivo solamente comprendía al presidente de la Nación, a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, a la Secretaría de Inteligencia y a la secretaria de Lega y Técnica y crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional que podrá requerir informes del nuevo organismo.
Consejo de Seguridad Nacional
La ley establece, además, la creación de un polémico Consejo de Seguridad Nacional que, entre otras cosas, podrá de manera unilateral acusar con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes desarrollen hipotéticas campañas de “injerencia extranjera” a través de “actuaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y el ocultamiento del vínculo con un agente extranjero”.
“Así planteado, este Consejo de Seguridad es un riesgo muy grande para la democracia y la libertad de expresión porque, sin precisión alguna ni prueba sólida, puede acusar a periodistas y dirigentes políticos de participar de estas ambiguas campañas de injerencia extranjera” advirtieron desde los bloques opositores al proyecto.
¿Cuándo llega al recinto?
Al término de la reunión plenaria presidida por el salteño Carlos Zapata, fuentes parlamentarias advirtieron que “el proyecto Malvinas ya tiene dictamen, pero no descarten que vuelen títulos en el debate en recinto”.
Además, anticiparon que “el plan del oficialismo sería tratar el proyecto en recinto luego de la visita del Papa León XIV, el 18 de noviembre, si es que no logra sesionar el 12 de noviembre” y concluyeron que “sin embargo, el gobierno no tendría el camino allanado aún, por la cargada agenda parlamentaria que mantiene el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA como asignaturas pendientes”.
