Los legisladores Gerardo Orellana y Héctor Vargas están imputados por maniobras fraudulentas en contra de las arcas públicas y hechos de peculado. La oposición pide el desafuero de ambos y esta semana puede ser determinante para su futuro.
El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy, formalizó la apertura de una investigación por el plazo de un año para esclarecer una presunta red sistemática de tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad. La causa, impulsada por el fiscal general Carlos Amad, salpica directamente a la política local tras confirmarse la imputación del diputado provincial por el departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana. Junto a él, quedaron bajo la lupa tres ex gerentes del Hospital de El Quebrachal —Roberto Bernardino Morales, César Ramiro Blanco y Oscar Ricardo Luna—, además de médicos, empleados municipales y un ex jefe de la Anses en la zona.
Según las hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la estructura funcionaba como una “empresa criminal” abocada a la confección y falsificación de instrumentos públicos. La maniobra consistía en adulterar o fraguar certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio y radiografías para otorgar o renovar beneficios estatales a personas que no padecían enfermedades incapacitantes. De acuerdo con las estimaciones de la Fiscalía, la organización habría generado alrededor de 9.000 expedientes irregulares, de los cuales unos 5.000 corresponden a residentes de Anta. Los solicitantes debían abonar sumas que oscilaban entre los $20.000 y el millón de pesos por trámite, llegando incluso a pedir préstamos para costear la gestión.
La operatoria estaba estructurada en forma de cadena con roles claramente delimitados. En la primera etapa intervendrían punteros y operadores políticos encargados de captar a los supuestos beneficiarios y copiar los documentos. Posteriormente, los profesionales de la salud fraguaban o modificaban los diagnósticos y estudios, mientras que un equipo administrativo multiplicaba las copias falsas. Finalmente, empleados y funcionarios con acceso a los sistemas informáticos del Estado cargaban los expedientes irregulares para su posterior cobro. Este esquema habría generado un perjuicio económico estimado para las arcas públicas de unos $3.280 millones mensuales.
En términos judiciales, las calificaciones legales previas abarcan los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento público. Como de coerción, la Justicia dispuso que los 15 imputados informaran cualquier intención de salir del país, realicen un reporte telefónico con medidas periódicas mensuales y enfrenten la anotación de litis sobre sus bienes e inmuebles. En paralelo, los peritos esperan la conclusión de una serie de auditorías médicas para determinar cuántos de los actuales titulares de las pensiones contaban realmente con una condición médica habilitante y accionar contra quienes cobraron el beneficio a sabiendas de su irregularidad.
Por otra parte, la situación judicial en la Cámara de Diputados de Salta suma tensión con la causa que salpica al diputado provincial por San Carlos y al ex intendente de esa localidad, Héctor Vargas. El legislador se encuentra imputado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la compraventa de terrenos para un lote social, el envío de fondos nacionales y retiros no justificados por más de $64 millones de cuentas municipales. Desde el cuerpo legislativo, la diputada Socorro Villamayor confirmó que aún no ingresó ningún requerimiento formal al recinto sobre ninguno de los dos representantes. Desde la bancada opositora de La Libertad Avanza solicitaron el desafuero de ambos legisladores.
