El proyecto ratifica que el Gobernador y el Vicegobernador se eligen por voto directo del pueblo ya simple mayoría de sufragios.
La Legislatura salteña se prepara para tratar el proyecto de “Ley de Participación Democrática”, una iniciativa que busca reformar profundamente el sistema político y electoral de la provincia. El texto propone sustituir artículos clave de las leyes 8463 y 8010, con el objetivo de reordenar la competencia partidaria y brindar mayores certezas a los ciudadanos sobre el funcionamiento de las alianzas y el sistema de votación en los próximos comicios.
Entre los puntos más destacados, el proyecto exige que cualquier fuerza que aspire a la Gobernación y Vicegobernación deba presentar listas en todas las categorías en al menos quince departamentos de la provincia. Esta medida apunta a fortalecer la estructura territorial de los partidos y frentes, limitando además la cantidad de listas internas —hasta cuatro para frentes y dos para partidos individuales— para evitar una fragmentación excesiva que dificulte la elección del votante.
El proyecto ratifica que el Gobernador y el Vicegobernador se eligen por voto directo del pueblo ya simple mayoría de sufragios. Lo novedoso es cómo se computan los votos dentro de las fuerzas políticas:
- Suma de votos internos: En el caso de las alianzas, frentes o partidos que presenten más de una lista, los votos obtenidos por los diferentes candidatos de una misma fuerza y categoría se sumarán en beneficio del candidato más votado dentro de ese espacio.
- Asignación: Participarán en la asignación final de todas las listas, sin importar el caudal de votos que hayan obtenido individualmente.
La reforma también pone la lupa sobre la Boleta Electrónica, proponiendo que la pantalla electoral priorice la imagen de los candidatos. Según el texto, el espacio visual se dividiría de forma tal que el 80% de la pantalla (cuatro quintos) se destina a la foto y el número de lista sobre fondo blanco. Este diseño busca que el elector identifique rápidamente a los postulantes, dejando solo el quinto inferior para los nombres, denominaciones partidarias y elementos simbólicos.
En materia de transparencia, el proyecto introduce una modificación sustancial al escrutinio definitivo: la obligatoriedad de abrir todas las urnas. El Tribunal Electoral debería realizar un conteo manual, boleta por boleta, del texto impreso frente a los fiscales de las fuerzas políticas. Esta disposición pretende garantizar que el soporte físico del voto electrónico sea auditado íntegramente, despejando dudas sobre la integridad del proceso y la voluntad expresada por el pueblo. Finalmente, el proyecto propone ampliar el alcance de ciertas obligaciones de transparencia y ética pública a todos los candidatos a cargos electivos. De aprobarse, no solo los funcionarios de los tres poderes deberán cumplir con las normativas vigentes del DNU 32/26, sino también quienes aspiran a representar a los ciudadanos en los niveles provincial, departamental y municipal. La provincia se encuentra así ante un debate legislativo que podría redefinir el mapa del poder y la participación en Salta
