La Legislatura provincial avanzó en la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el gobernador Gustavo Sáenz para establecer la obligatoriedad de narcotest a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. La iniciativa, que ahora deberá ser reglamentada para su plena aplicación, busca incorporar controles toxicológicos periódicos como requisito para el ejercicio de la función pública, en el marco de una política orientada a fortalecer la transparencia institucional.
El decreto fue remitido por el Ejecutivo al Senado provincial, en medio del receso veraniego y recibió el aval de la Cámara alta sin modificaciones, dado su carácter de DNU. Desde el oficialismo sostuvieron que la herramienta responde a una demanda social vinculada a la ejemplaridad de quienes ocupan cargos públicos. No obstante, el texto abrió interrogantes en torno a su implementación práctica, especialmente en una provincia donde el coqueo cuenta con reconocimiento legal y arraigo cultural.
En ese sentido, el senador Edgardo Guaymás remarcó la importancia de aprobar la norma para reglamentarla porque advirtió que un test rápido de orina podría arrojar resultado positivo en casos de consumo de hoja de coca, debido a la presencia de benzoilecgonina —metabolito de la cocaína—, aunque aclaró que la diferencia radicaría en los niveles detectados. “Un coqueo intenso puede dar valores muy bajos; en cambio, el consumo de clorhidrato de cocaína arrojaría volúmenes absolutamente altos”, detalló. En caso de un resultado positivo, el procedimiento contemplaría estudios más específicos para determinar la sustancia y la concentración hallada, a fin de distinguir entre prácticas culturales legales y consumo de sustancias prohibidas.
El legislador también hizo referencia a otros escenarios, como el uso de medicamentos con prescripción médica o el consumo de cannabis en el marco de normativas nacionales vigentes. Señaló que deberán contemplarse las dosis terapéuticas y la trazabilidad de los fármacos, aunque advirtió que concentraciones superiores podrían encuadrarse como consumo problemático. Respecto del THC y del aceite artesanal de cannabis, reconoció que existen “dificultades” regulatorias que podrían generar tensiones jurídicas. Con la aprobación legislativa, el foco se traslada ahora a la reglamentación, etapa clave para definir los alcances concretos del narcotest en la administración pública salteña.
