“Si una persona plantea la inconstitucionalidad la puede ganar”, reconocieron legisladores oficialistas y opositores sobre el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados para facultar al Ministerio de Salud a cobrar las prestaciones que realicen los hospitales públicos sobre las personas que generen “accidentes de tránsito”.
En su primer artículo, la norma impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz establece la facultad que le otorga a la cartera sanitaria para que a través del organismo correspondiente efectué “los trámites correspondientes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública, conforme a la responsabilidad que al respecto establezca la autoridad competente”.
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Además, remarca que las personas que demuestren “estado de insolvencia” deberán cancelar la obligación “mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación”.
En su articulado, el texto que salió con media sanción de la Cámara baja, precisa que ante la falta de pago por parte de los obligados y transcurridos sesenta (60) días corridos desde la facturación del arancel, o ante el incumplimiento del servicio comunitario de conformidad a lo que determine la reglamentación, “la Autoridad de Aplicación y/o los Efectores de Salud Pública que ella disponga, emitirán un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 533 inciso 7 de la Ley N° 5.233 y sus modificatorias”.
¿Una ley contra la Ley?
En Salta, la Constitución habla puntualmente en su artículo 41 del Derecho a la Salud y declara que este servicio “es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona”. “Es un bien social. Compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades”, reza el apartado.
Fundamentando su postura en este punto de la Carta Magna provincial, el diputado José Gauffin lamentó que ningún dictamen haya tenido en cuenta el aspecto constitucional y aseguró que hubiese resultado fructífero que la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, visite la Legislatura para explicar el carácter de la norma.
“La Constitución establece que la salud es un bien social que compete al Estado”, dijo el dirigente del PRO y remarcó que en el texto constitucional se habla de la importancia de “asegurar a todos los ciudadanos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades, no circunstancias”.
“Cuando se habla de salud pública se habla del seguro social que le tiende el Estado a todos los ciudadanos. Tengo una duda sobre la constitucionalidad de la norma. No hay un dictamen al respecto. Nos apuramos en legislar sobre algo que no está claro. No podemos sacar normas sin saber cómo aplicarla o dejando todo en mano de la reglamentación del Poder Ejecutivo”, explicó.
Además de reprochar que el proyecto habla de “accidentes de tránsito” y no de “siniestros viales”, Gauffin se aventuró a predecir que el proyecto del Ejecutivo terminará recayendo sobre los ciudadanos de menores recursos.
“Si la norma tiene una finalidad formativa y lo formativo es el prestar trabajo social, hay un espíritu formativo solo para el pobre porque el que tiene dinero pagará la multa y listo”, declaró.
Postura oficial
Durante el debate parlamentario, la diputada Laura Cartuccia llevó la voz cantante de la iniciativa y fue el alfil principal del gobierno para defender la postura del proyecto en el recinto. “Es innegable que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad y de lesiones graves en nuestra provincia, pero también en el país. Lo más alarmante aún es el porcentaje significativo de estos siniestros que está directamente relacionado con conductores que se encuentran bajo el consumo de determinadas sustancias y ante esta realidad, el costo humano, social, es incalculable, pero también existe un impacto económico que no podemos ignorar”, señaló.
De acuerdo a datos brindados por los hospitales locales, la presidenta de la comisión de Salud detalló que un día de internación en piso tiene un costo que ronda los $ 115.000 pesos, sin incluir medicación, tratamiento quirúrgico, entre otros ítems. En tanto, un día de internación en UTI, tiene un costo aproximado de $ 340.000, sin incorporar los costos de medicación, tratamientos, asistencia respiratoria mecánica ni insumos médicos.
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