Este proyecto llega apenas una semana después de que la propia bancada oficialista rechazó una propuesta del bloque libertario que solicitaba la suspensión de dos legisladores imputados por la Justicia, enrareciendo el clima político dentro del recinto.
La Cámara de Diputados de la Provincia debatirá la creación de una Comisión Investigadora Especial para evaluar la conducta del legislador de La Libertad Avanza, Sergio Mauricio López. La iniciativa busca determinar si el diputado incurrió en una falta grave al continuar ejerciendo la abogacía y patrocinando a terceros ante los poderes públicos provinciales de forma simultánea a su mandato legislativo. La discusión de este proyecto llega apenas una semana después de que la propia bancada oficialista rechazó una propuesta del bloque libertario que solicitaba la suspensión de dos legisladores imputados por la Justicia, enrareciendo el clima político dentro del recinto.
El foco del conflicto radica en la posible transgresión de la Ley 7204, sancionada en 2002, la cual prohíbe explícitamente a los legisladores litigar ante los poderes públicos del Estado para evitar una asimetría de poder objetiva, dado que la Cámara es la encargada de dictar las leyes procesales y definir los presupuestos de la Justicia. La gravedad del caso se sustenta en una resolución dictada el pasado 8 de mayo de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San José de Metán, mediante la cual se rechazó el planteo de López y se le ordenó abstenerse de seguir interviniendo en causas judiciales durante su mandato, citando un sólido cuerpo de antecedentes de la Corte de Justicia provincial.
Según se argumenta en el proyecto, el mayor daño institucional no reside únicamente en una interpretación equivocada de la norma al inicio de la gestión, sino en la persistencia del legislador tras ser notificada por el tribunal. El diputado habría insistido en su postura e invocado la conformidad de sus clientes para seguir actuando, desconociendo que las incompatibilidades son de orden público e indisponibles para las partes. Quienes impulsan la investigación advierten que el hecho de que un representante manifieste públicamente que las leyes vigentes sancionadas por el propio cuerpo no lo alcanzan genera un perjuicio institucional directo contra la credibilidad y la autoridad de la Cámara. De aprobarse la iniciativa, la comisión estará integrada por siete diputados designados respetando la proporcionalidad de los bloques para garantizar el debido proceso y el derecho a defensa del acusado. El cuerpo especial no aplicará una sanción de forma directa, sino que reunirá las pruebas necesarias y emitirá una recomendación al plenario que puede ir desde la aplicación de la facultad de corrección prevista en el artículo 123 de la Constitución Provincial hasta el archivo de las actuaciones o el impulso de reformas legislativas. Con esta medida, la Legislatura busca despejar dudas sobre la actuación de sus miembros y preservar la percepción social sobre el cumplimiento de las normas
