Con muy amplias mayorías se aprobaron las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Emergencia para Bahía Blanca, de Moratoria Previsional, de Aumento a los Jubilados y de distribución según criterios de coparticipación federal de los ATN y del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
A través de operadores políticos y mediáticos y de sus más fuertes figuras como el ministro de Economía Luis Caputo y el mismísimo presidente Javier Milei, el Gobierno nacional intentó bloquear y hacer caer una incómoda sesión del Senado en la que debían tratarse proyectos en favor del sistema previsional, de las universidades públicas, del Hospital Garraham como símbolo de otros hospitales nacionales y de federalismo impositivo.
Pero falló.
Una amplia y circunstancial mayoría opositora integrada por distintos bloques y respaldada por los gobernadores, incluso aquellos amigables y colaboracionistas con el gobierno, aprobó todos los proyectos puestos a debate.
Con muy amplias mayorías, de dos terceras partes de los presentes y casi sin votos en contra, este jueves el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley la Emergencia en Discapacidad hasta 2026; la Ley de Emergencia para Bahía Blanca (azotada por brutales temporales e inundaciones a comienzos de año); la Ley de Moratoria Previsional; una Ley de Aumento a los Jubilados (en el haber mínimo y en el bono discrecional que otorga el gobierno); las leyes de distribución (según el mismo criterio de la Ley de Coparticipación Federal de Ingresos Públicos) de los Aportes del Tesoro Nacional y del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
“Ganaron los gobernadores que, incluso cuando los representantes de Juntos por el Cambio intentaron negociar hasta último momento con La Libertad Avanza, y también los senadores opositores que, casi por primera vez, mostraron músculo al gobierno nacional” analizó un experimentado cronista parlamentario y confirmó que “el gobierno empujó a su oficialismo senatorial, incluso operaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para que no hubiera sesión y fracasó porque los gobernadores intentaron negociar y no tuvieron el más mínimo gesto”. Para peor, según el cronista, “el peronista José Mayans y el radical Martín Lousteau movieron muy bien las piezas y mostraron un conocimiento de la técnica parlamentaria muy superior a la de los alfiles libertarios.
Con la sesión avanzada y con la seguridad de una contundente derrota política, en una disertación ante empresarios, el presidente Milei repitió que vetará todas estas leyes “que dañan el superávit fiscal” y anunció que, si esos vetos son rechazados por un Congreso que cuenta al día de hoy con dos tercera partes de las voluntades para hacerlo, “judicializará” las leyes aprobadas.
Juristas de toda clase coinciden como pocas veces que esa judicialización es improcedente. “La sesión es válida porque es el cuerpo y no la presidencia quien habilita el debate y en esta oportunidad quedó clara la voluntad del cuerpo, opositores y también oficialistas” expresaron y agregaron que “nunca, el Poder Judicial se mete en la discusión por la legalidad de un acto del Poder Legislativo: que las cuestiones políticas las resuelva el a política, es el axioma de los magistrados”.
Además confirmaron que las leyes en discusión no violan la Ley de Administración Financiera, que obliga que cada ley que amplía gastos justifique de qué partida surgen los recursos para hacerla posible, porque, sencillamente, el país se encuentra desde 2023 con un Presupuesto Nacional “reconducido” y, entonces, los fondos necesarios deberán surgir de partidas “reconducidas”.
