Legisladores departamentales, miembros del Ejecutivo provincial y el propio jefe comunal cuestionado se reunieron en Casa de Gobierno para evaluar los pasos a seguir.
El ingreso de un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para intervenir el Departamento Ejecutivo de La Merced ha puesto en jaque la continuidad del intendente Javier Wayar. La iniciativa, amparada en el artículo 179 de la Constitución Provincial, argumenta un deterioro institucional irreversible, marcado por causas judiciales previas y una reciente explosión de conflictividad social. De aprobarse, Wayar cesaría en sus funciones de inmediato, dejando el mando de la localidad en manos de un comisionado interventor hasta diciembre de 2027, lo que representa un desplazamiento drástico de la autonomía municipal en pos de restablecer el orden.
Sin embargo, el destino político del intendente oficialista no se sellará únicamente en el ámbito legislativo, sino que se resolverá principalmente en el seno del Poder Ejecutivo Provincial. Desde la mañana de hoy, el Grand Bourg se convirtió en el escenario elegido para realizar el análisis final sobre la factibilidad técnica y política de la intervención, evaluando si el remedio extremo es la única vía para garantizar la gobernabilidad. Esta decisión requiere un equilibrio quirúrgico, ya que el Ejecutivo debe asegurar que la estructura administrativa local no colapse durante la transición y que el interventor designado cuente con el respaldo necesario para gestionar un municipio financieramente debilitado.
El análisis de factibilidad que lleva adelante el gabinete provincial trasciende las fronteras de La Merced, enfocándose en las repercusiones que esta medida podría generar en otras localidades, como Hipólito Yrigoyen. Existe una preocupación latente sobre un posible “efecto contagio” o un aumento de la presión social en municipios aledaños que atraviesan crisis similares. La intervención es vista como un mensaje político contundente: el Ejecutivo evalúa si este antecedente servirá para pacificar la región o si, por el contrario, profundizará las tensiones políticas.
En última instancia, el Gobierno Provincial sopesa el costo de sostener a un intendente sin legitimidad frente al riesgo de sentar un precedente de intervención recurrente. Mientras las movilizaciones y el desorden administrativo persisten en La Merced, la resolución final dependerá de la capacidad del Ejecutivo para garantizar que la medida no solo sea jurídicamente razonable, sino políticamente sostenible. La prioridad del Ejecutivo será asegurar una transición ordenada que evite que el conflicto de La Merced desestabilice el tablero político provincial en un año de alta sensibilidad social. El caso de Wayar es particular porque a diferencia de otras intervenciones, el mundo político no accionaría ante un requerimiento particular de la Justicia. En este caso, el jefe comunal de La Merced quedó en el centro de las críticas luego de que un trabajador municipal y hombre de confianza atropellara y matara a un niño de cinco después de chocarlo con una camioneta perteneciente al Intendente en cuestión.
