Por quinta vez en los últimos 10 años, la Legislatura de Salta prorrogó la ley 7857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género en todo el territorio de la provincia.
Durante el debate de la iniciativa, en el recinto de la Cámara de Diputados se esgrimieron distintos argumentos para convalidar la importancia de poder prorrogar por dos años más la normativa. Citando datos de la encuesta de prevalencia de la violencia contra las mujeres, elaborada en 2022 por la Iniciativa Spotlight y el extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se reveló que el 62% de las entrevistadas en Salta han atravesado algún tipo de violencia de género ejercida por su pareja y / o ex pareja. El índice registrado en la provincia se ubica por encima de la media nacional que es del 45,45%.
Los datos aportados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) también fueron considerados para dimensionar el nivel de la problemática local. Hasta el mes de junio, el organismo público registraba 12 víctimas de femicidios, de enero a diciembre de 2023. Según los datos: 7 se cometieron en Capital; 2, en Orán; 1, en Rivadavia; 1, en Rosario de la Frontera, y hubo un femicidio vincular en la localidad de Las Lajitas, en el sur provincial. De ese número, tres casos no tienen causa judicial debido a la muerte posterior del presunto femicida. Además, destacaron que durante el transcurso del 2023, tres mujeres denunciaron por hora algún episodio de violencia. En total, el número de denuncias registradas el pasado año ascendió a 26734.
“La prórroga de la ley debe asegurar la continuidad de medidas de apoyo a las víctima. No podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan viviendo con miedo a seguir denunciando la violencia que miles de mujeres viven en sus hogares”, declaró Patricia Hucena en la sesión del último martes.
En este sentido, la referente del gobierno provincial en la cámara baja sostuvo que esta nueva prórroga de la legislación implica también que el Estado “asuma su responsabilidad y atienda una situación que demanda a diario”. “La lucha contra la violencia es una lucha de todos y todas y no debemos descansar hasta erradicarla”, agregó.
Más allá de la postura mayoritaria que permitió la sanción definitiva de la norma, en el recinto legislativo también se escucharon voces en contra de la propuesta que llegaba con media sanción del Senado.
Juan Esteban Romero consideró que la aprobación de dicho proyecto “no cambiará nada”. “Los números no son alentadores. Esto no quiere decir que seamos una sociedad más violenta. Si es cierto que se abrieron más canales para denunciar”, expresó el legislador. Y remarcó que esta iniciativa “exige” un enfoque integral para que se atienda la problemática desde diferentes aristas. “Nosotros debemos exigir que las instituciones cambien y mejoren porque prorrogar la ley y seguir como estamos no creo que sea el camino”, sentenció.
En igual sintonía, Sofía Sierra, del PRO, indicó que la nueva prórroga de la emergencia deja en evidencia que institucionalmente las gestiones gubernamentales no fueron capaces en 10 años “de definir una política pública en un tema tan importante”. “Estamos declarando la incapacidad de solucionar esto y delegar facultades en el Ejecutivo”, afirmó la dirigente. Y añadió: “Como entiendo la gravedad del asunto, entiendo que como Legislatura no podemos estar tranquilos entregando cheques en blanco al gobernador”.
Los dichos de Sierra se fundamentan en que el artículo de la ley prorrogada faculta al Poder Ejecutivo “a realizar todas las acciones que estime conducentes para dar solución a la crítica situación y disponer la afectación e incorporación de las partidas presupuestarias necesarias a tales efectos”.
Con la aprobación del proyecto, el Ejecutivo ahora no solo tendrá la obligación de promulgarlo sino también de seguir pensando y aplicando políticas públicas que den soluciones a la problemática.
