Como parte de un frente común, las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán formalizaron una denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la empresa Transnoa. El reclamo, impulsado por los organismos reguladores de cada jurisdicción (Enresp, Ersept y la Secretaría de Energía jujeña), apunta a la “negligencia y falta de inversión” de la transportista tras una serie de apagones masivos que dejaron a más de 900.000 usuarios a oscuras en pleno enero, afectando servicios críticos como la provisión de agua y la atención sanitaria.
La magnitud de la crisis energética quedó plasmada en las cifras detalladas por las autoridades: en Jujuy, más de 750.000 habitantes de localidades como San Pedro y Libertador General San Martín sufrieron cortes prolongados; en Salta, 90.000 usuarios de los departamentos del norte quedaron sin suministro; mientras que en Tucumán, una falla en la Estación Transformadora Aguilares afectó a 60.000 familias. Los funcionarios coincidieron en que estos incidentes no son hechos aislados, sino la prueba de un deterioro estructural en el sistema de alta tensión que opera la compañía concesionaria en el Noroeste Argentino.
El documento presentado exige al ENRE la realización de auditorías técnicas exhaustivas para evaluar el desempeño de Transnoa y determinar si los cortes califican como incumplimientos contractuales pasibles de sanción. Entre los puntos más críticos del petitorio, se solicita que la empresa informe fehacientemente la cantidad de cuadrillas y personal técnico disponible en la región, denunciando que la actual escasez de recursos humanos impide restablecer el servicio en tiempos razonables ante las emergencias.
Además de las sanciones, los reguladores provinciales exigen que la firma presente un plan de contingencia robusto ante eventos climáticos y altas temperaturas, escenarios que se han vuelto recurrentes y que la infraestructura actual parece no poder resistir. También se solicitó la apertura de oficinas comerciales en cada provincia para descentralizar la atención, bajo la premisa de que la empresa ha privilegiado la rentabilidad económica por sobre la calidad mínima del servicio prestado a los ciudadanos del norte. Finalmente, el reclamo busca arrojar luz sobre el historial de la concesionaria, exigiendo al ENRE un informe detallado de las multas aplicadas entre 2019 y 2025 y el estado de cumplimiento de sus planes de inversión. Con esta estrategia conjunta, los gobernadores buscan forzar una readecuación del servicio que garantice previsibilidad energética para el desarrollo de las economías regionales y la seguridad de los habitantes, advirtiendo que no permitirán que la fragilidad del sistema de transporte eléctrico continúe condicionando la vida en el NOA.
