En una misma semana, diputados y senadores sancionaron el Presupuesto 2026 y la ley de ministerios que le dará una nueva fisonomía al Gobierno deSáenz.
En un clima enrarecido, marcado por caras apáticas y llamadas telefónicas frenéticas, el Senado de la provincia de Salta aprobó en definitiva el presupuesto 2026.
En el ejecutivo daban por descontado un trámite expeditivo de la Ley de Leyes en la Cámara alta, sin embargo, el añadido de último momento para que el Banco Macro continúe siendo el agente financiero de la provincia por 10 años más detonó una cadena de reproches y controversias.
Las críticas se plasmaron en una reunión que la mayoría de los representantes departamentales realizaron el miércoles por la noche. Fuentes parlamentarias confiaron a este medio que en esa misma jornada se vio al vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco, visiblemente molesto con la postura adoptada por los senadores provinciales.
Ante este escenario de creciente descontento y la posibilidad de que el tratamiento del Presupuesto se postergue una semana, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, llegó al histórico palacio para reunirse con el interbloque que agrupa a la mayoría de los senadores. Después de una hora y media de reunión privada, el ministro coordinador de Sáenz se retiró con la negociación cerrada y en silencio por una de las puertas secundarias que el Palacio tiene sobre calle Mitre.
En su última sesión como representante del departamento La Caldera, Miguel Calabró reconoció el tema generó malestar entre sus pares y destacó que el funcionario provincial logró evacuar dudas en la reunión que mantuvieron. “Lo más importante que quiero resaltar y me interesaría que quede en la versión taquigráfica es el compromiso que asumió el propio ministro en nombre del Gobierno de la provincia, porque lo que estaríamos dando es la autorización para la negociación”, dijo.
En esta línea remarcó que el titular de la cartera de obras asumió el compromiso de que el acuerdo o preacuerdo que se realice con la entidad financiera deberá pasar por la Legislatura.
Del conclave salió humo blanco y la gestión del poncho se garantizó la sanción definitiva de leyes sensibles antes de que nueve dirigentes (ocho en Diputados y uno en el Senado) de La Libertad Avanza arriben a la Legislatura por los próximos cuatro años. Pero, el vínculo endeble entre el Legislativo y el Ejecutivo volvió a resentirse.
El origen de la polémica
Horas antes de la última sesión de la Cámara de Diputados, un llamado directo desde el Centro Cívico Grand Bourg dio órdenes precisas para que se añada en el dictamen de Legislación General este apartado.
La orden no cayó bien y ante la posibilidad de que una funcionaria de primer rango se atribuya facultades extras, algunos legisladores empezaron a llamar a otros ministros para corroborar la medida. La orden era cierta.
De esta forma en el artículo 37 del proyecto se consignó que “el gasto que genera el funcionamiento del proceso normal de recaudación de impuestos provinciales y el costo del servicio por el manejo financiero de las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo, incluyendo el correspondiente a las cuentas donde se acreditan los haberes del personal, se imputará a las partidas específicas previstas en cada una de las Jurisdicciones que integran dicho Poder”.
Además, se agregó la autorización al Poder ejecutivo Provincial a prorrogar, por hasta el máximo de diez (10) años, el contrato de vinculación aprobado por Decreto N° 104/96 y prorrogado por Ley 7336 y Decreto N° 328/05, y por Ley N° 7826, en condiciones que garanticen una reducción significativa, en el costo de los servicios referidos en el párrafo precedente, como así también, una ampliación de los mismos.
