El Gobernador terminó retirando el proyecto que el propio Ejecutivo había enviado a la Legislatura por la presión de distintos bloques y los gremios.
El gobernador Gustavo Sáenz quedó en el centro de la escena y las críticas por el proyecto de Ley que elevó a la Legislatura en relación a la cobertura social y sanitaria de los empleados estatales. Ante las críticas que llegaron desde diversos bloques políticos y entidades gremiales, Sáenz reconoció el error y retiró la propuesta.
La iniciativa, que llegó al Poder Legislativo la semana pasada, establecía, entre otras cosas, que al momento de jubilarse los afiliados al Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS) perderían la cobertura de la obra social para quedar bajo tutela del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).
El rechazo político a la medida contempló a un variado espectro de la dirigencia dentro de Diputados y el Senado. El ex candidato a senador provincial del saenzismo, Bernardo Biella, aseguró que el contenido del proyecto resultaba “negativo y excluyente”.
“No estoy de acuerdo con el proyecto en su totalidad. Creo que hay que mejorar el IPS, no debilitarlo. Lo que proponemos es una serie de herramientas concretas para hacerlo más sustentable sin perjudicar a los afiliados”, afirmó el legislador.
En la Cámara alta, el titular de la comisión de Salud, Manuel Pailler, ya había adelantado su rechazo al artículo del proyecto de ley que establece el traspaso obligatorio de los jubilados provinciales del Instituto Provincial de Salud (IPS) al PAMI.
“Soy sincero, no sé quién fue el de la idea ni cómo se desencadenó. Creo que el gobernador firmó algo que fue un error, que no estuvo bien aclarado”, consideró.
Argumentos
Tras el anuncio del gobernador de la Provincia sobre el retiro del proyecto de ley que modificaba la afiliación de jubilados al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), el ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada indicó que la iniciativa no abordaba de manera integral los problemas estructurales del sistema de salud provincial.
“Yo particularmente le recomendé al gobernador retirar el proyecto para establecer claridad. No se trataba solamente de una cuestión de afiliaciones, sino de una problemática mucho más amplia que afecta al IPS y a muchas obras sociales”, explicó el funcionario. El titular de la cartera política apuntó que uno de los principales desafíos es equilibrar el aumento de los costos en salud con los ingresos de las obras sociales. “El IPS tiene un perfil solidario porque atiende obligatoriamente a trabajadores estatales activos y jubilados. Sin embargo, estamos viendo que hay cuotas muy dispares con relación a otras obras sociales privadas que llegan a cobrar entre $600.000 y $700.000, mientras en el IPS la cuota no supera los $20.000”, enfatizó.
