La iniciativa propone controles de consumo de sustancias psicoactivas para autoridades de los tres poderes, con protocolos de resguardo de identidad, cadena de custodia y garantías de defensa
El diputado provincial por Salta, Juan Esteban Romero, alzó la voz en la Legislatura para exigir el tratamiento de su proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar análisis (narcotest) a los funcionarios públicos y legisladores de la provincia. En un discurs, Romero vinculó la urgencia de debatir esta iniciativa con la creciente falta de credibilidad de la sociedad salteña en sus instituciones, un descreimiento que, según él, se ve reforzado por una serie de casos resonantes de inseguridad y presunta vinculación con el narcotráfico que han sacudido a la provincia en los últimos años.
El legislador enfatizó que la negativa sistemática para otorgar un espacio de debate al proyecto de narcotest, señalando directamente a la diputada Socorro Villamayor (presidente de la comisión de Legislación General), es un acto que destruye la confianza y daña a la política. Argumentó que esta herramienta legislativa no busca estigmatizar ni perseguir a nadie, sino que su único objetivo es fortalecer la transparencia y demostrar a la ciudadanía que los representantes no tienen “nada que ocultar”. Para Romero, el rechazo a debatir la medida se percibe como un encubrimiento y una protección de privilegios por parte de la clase política.
Romero dedicó una parte de su intervención a enumerar una lista de hechos que, a su entender, ilustran el profundo quiebre de confianza en Salta: desde casos emblemáticos no resueltos como el de las turistas francesas o la muerte del comisario Néstor Píccolo, hasta sucesos recientes como el caso Darío Monjes, las denuncias de salvoconductos a traficantes durante la pandemia, el presunto uso del avión sanitario para “viajes de desintoxicación” o el reciente allanamiento en Gendarmería por cocaína. El diputado sostiene que estos episodios son “heridas” que, en conjunto, ofrecen un diagnóstico claro de que los salteños han dejado de creer en sus instituciones, por lo que la política debe dar “señales concretas y valientes”.
El diputado hizo un llamamiento directo a la Presidencia de la Cámara para que garantice el derecho de su monobloque a contar con un espacio para el tratamiento del proyecto de ley la próxima semana, recalcando que no se trata de un favor, sino del cumplimiento de las normas internas que aseguran el debate plural. Además, criticó la actitud de la diputada Villamayor, manifestando su temor de que como presidenta de la Comisión, “hará lo necesario para seguir tapando, encubriendo y mirando para otro lado para que este proyecto no obtenga dictamen”.
Finalmente, el legislador provincial reforzó su pedido público de acompañamiento al Poder Ejecutivo a la iniciativa, revelando que ya le ha solicitado formalmente una reunión al gobernador Gustavo Sáenz para tratar el tema, sin haber obtenido respuesta aún. Romero concluyó con un mensaje dirigido al mandatario provincial, subrayando que “la transparencia no se declama, se demuestra con hechos”, y que este es el momento oportuno para hacerlo, instando al titular del Ejecutivo provincial a comprender la “profundidad de este tema” para recuperar la fe de la ciudadanía en el Estado.
