En la Legislatura no saben si el Poder Ejecutivo enviará este año la Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques pendiente desde hace una década.
A pocas semanas del cierre de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura de Salta es todavía un interrogante si el Poder Ejecutivo enviará o no la Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos pendiente desde hace una década.
Ese estudio, la revisión, está terminado o prácticamente terminado desde hace mucho tiempo, tras dos años de trabajosa elaboración. “En el mes de marzo la Legislatura podrá debatir la revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pendiente desde el año 2014” dijo en enero del año 2023 el ministro de la Producción, Martín de los Ríos. Sin embargo, aunque la intensión de la cartera ambiental de la provincia es darle pronto trámite de aprobación, ni el año pasado ni este año fue remitido a la Legislatura para su discusión.
Y aunque el propio ministro aclaró en varias oportunidades que la revisión contempla el criterio de “no regresividad”, es decir que las hectáreas protegidas seguirán siendo protegidas, en organizaciones políticas y ambientales sospechan que el gobierno salteño quiere modificar el vigente Ordenamiento Territorial para incorporar más hectáreas a la actividad agrícola, ganadera, inmobiliaria e incluso minera.
“Ante el contexto de crisis climática en la región y la proliferación de desmontes ilegales en la provincia, se pretende tomar la decisión política de desproteger la biodiversidad y los bosques nativos, patrimonio de todos los salteños (…) La gravedad de la degradación de la naturaleza requiere una regulación progresiva y cada vez más protectoria, que se encuentre por encima de los estándares mínimos protectorios, conforme los principios y normas ambientales constitucionales y convencionales” dijeron en una nota elevada al gobernador Gustavo Sáenz durante el pasado mes de agosto y añadieron que “se advierte que el mapa propuesto disminuye dichos estándares, por un lado, al extenderse la posibilidad de desmonte a 721.568 hectáreas más, y por otro, al categorizar como zonas verdes o amarillas, zonas que eran amarillas o rojos, respectivamente, lo cual contradice el espíritu y contenido de la Ley de Bosques 26.331”.
Al respecto, desde el Consejo Asesor del OTBN que reunió a más de 130 representantes de distintas instituciones de la provincia y el país recordaron que “en el Ordenamiento Territorial del año 2008 había en rojo 1.278.000 hectáreas, en amarillo 5.333.000 hectáreas y en verde 1.000.000 de hectáreas, aproximadamente (…) El principio de no regresividad menciona que no puede haber más zonas verdes, o sea, más hectáreas agropecuarias que las que ya estaban en el 2008, ni puede haber menos hectáreas de las categorías rojas y amarillas” y aclararon que “podemos tener más áreas amarillas y más áreas rojas, pero no menos y lo que estamos discutiendo es la ubicación de estas hectáreas: de ese millón de hectáreas que quedan para ordenar, para replanificar, lo que estamos haciendo con toda esta información nueva que hemos compilado es ver una reubicación de esas hectáreas”.
Fuentes legislativas consultadas por el ingreso del proyecto de revisión indicaron que “la información era que este año se trataba” y reconocieron que “no sabemos qué pasó y por qué no lo enviaron todavía, seguramente en el entorno del gobernador están evaluando el mejor momento para su presentación que seguramente recibirá críticas de organizaciones ambientalistas”. “Quedan pocas semanas para que se termine el año y todavía se está trabajando otro tema importante como el Presupuesto 2025 así que es difícil que ingrese el Ordenamiento Territorial y se debata ahora, pero vamos a estar atentos” resumió un diputado y concluyó que “si el gobierno manda un proyecto, se aprueba, por lo que no tenemos claro cuál es el motivo de la demora en el envío del proyecto de Bosques”.
Más problemas para los bosques
En la Legislatura y en el Ministerio de Ambiente preocupa, además, un nuevo incumplimiento de la Ley de Bosques por parte del gobierno nacional del presidente Javier Milei.
Semanas atrás, como parte del brutal desguace estatal, el gobierno anunció la disolución de varios fideicomisos, entre ellos el de Bosques Nativos. “Previo a la eliminación del fondo, el gobierno había prometido distribuir el dinero disponible antes de introducir un nuevo mecanismo. Sin embargo, esto no se cumplió” confirmó el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal, y planteó que “Salta esperaba $1.200 millones, de los cuales un 30% iba a fortalecimiento institucional y un 70% a planes de manejo forestal y ahora no sabemos qué va a pasar”.
En recientes conversaciones con funcionarios salteños, desde el gobierno nacional informaron que “solo cambia el mecanismo de distribución, pero los fondos están garantizados para las provincias”. Al momento, pese a que la provincia tiene presentadas las rendiciones correspondientes a los proyectos de conservación vigentes, los dineros nacionales no fueron enviados por el Ministerio de Economía.
No es nuevo el incumplimiento en el envío de fondos del gobierno nacional a las provincias y a los titulares de las tierras a conservar por sus servicios ambientales. El Fondo para la Conservación y el Enriquecimiento de Bosques Nativos previsto en la Ley 26.331, sancionada en septiembre de 2007 y reglamentada en febrero de 2009, no se integró debidamente en ningún año y, en el mejor de los casos, contó con una partida no superior al 10% de los previsto por la propia normativa siendo Salta la provincia más afectada por ser la de mayor superficie boscosa a conservar en el país.
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