Reclamos, designaciones y cambios contravencionales: ¿Qué dejó la semana parlamentaria?

La Legislatura de Salta cerró una semana sin mayores sobresaltos en su actividad parlamentaria. En una sesión que destacó por el consenso, la Cámara de Diputados dio un paso en la consolidación de los mecanismos de control estatal al designar a Ramón Corregidor como representante ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

En el ámbito de la protección a comunidades vulnerables, la Cámara Baja otorgó el visto bueno a un proyecto de ley enfocado en la prevención y educación sobre agresiones sexuales contra miembros de Pueblos Originarios. La iniciativa busca visibilizar y sensibilizar sobre estos crímenes de odio en todo el territorio provincial, una problemática que requiere una respuesta estatal coordinada. Debido a modificaciones introducidas durante el debate, el texto regresó al Senado para una nueva revisión, subrayando la complejidad y la importancia de legislar con perspectiva intercultural.

Por otro lado, el orden público y la seguridad en eventos sociales ocuparon un lugar central en la agenda legislativa. Los diputados aprobaron una reforma al Código Contravencional (Ley 7135) para endurecer las sanciones contra quienes organizan fiestas o eventos públicos sin autorización. La normativa establece ahora que tanto los organizadores como los dueños de los inmuebles serán solidariamente responsables, enfrentando multas o arrestos de hasta 80 días si los eventos se realizan en lugares no habilitados, buscando así frenar la proliferación de encuentros clandestinos que ponen en riesgo a la población.

Mientras tanto, en la Cámara de Senadores, la preocupación por el estado de la infraestructura vial se tradujo en un firme reclamo hacia el Gobierno Nacional. Los legisladores Luciano Elvina, Carlos López y Daniel D´Auría impulsaron una declaración para exigir el mantenimiento urgente de la Ruta Nacional 34, específicamente en el tramo que une Metán con Rosario de la Frontera. El pedido insta a los representantes nacionales de Salta a gestionar ante Vialidad Nacional y la Secretaría de Obras Públicas la reparación de esta arteria vital, cuyo deterioro afecta directamente la seguridad de los conductores.

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