La reforma es considerada “trascendental” y busca dotar al servicio de justicia penal de “agilidad, transparencia y eficacia” .
El Senado provincial dio sanción definitiva al nuevo Código Procesal Penal, un proyecto que, según sus impulsores, completa la transición hacia un sistema acusatorio y adversarial iniciado en 2011. La ley pasó ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación e iniciará su implementación escalonada: en febrero de 2026 en el Distrito Centro y un año después en el resto de la provincia.
La reforma es considerada “trascendental” y busca dotar al servicio de justicia penal de “agilidad, transparencia y eficacia” , respondiendo a un histórico reclamo social contra la impunidad y la mora judicial.
Claves de la transformación del proceso penal
El nuevo Código introduce cambios estructurales destinados a modernizar y transparentar la justicia, destacándose principalmente:
1. Adiós al expediente escrito: oralidad y transparencia. Se abandona definitivamente el modelo basado en actas escritas. Todas las audiencias deberán ser registradas integralmente en formato de audio y video. Esta medida, destacada por los senadores Javier Mónico y Dani Raúl Nolasco, garantiza la fidelidad de los actos procesales y un control ciudadano más efectivo sobre la actuación de fiscales y jueces.
2. Investigación más eficaz y compleja. Para las causas de mayor envergadura, el Código incorpora técnicas especiales de investigación, tales como el uso de informantes, agentes encubiertos y agentes reveladores. Además, se habilita la posibilidad de celebrar acuerdos de colaboración con imputados para acelerar el avance en casos complejos. También se establecen procedimientos específicos para la responsabilidad penal de personas jurídicas.
3. Justicia en tiempo récord: nuevos plazos y sistema recursivo ágil. Una de las metas centrales es la celeridad. La reforma establece plazos máximos diferenciados según la complejidad del caso. En materia de recursos, el tradicional recurso de casación es reemplazado por un esquema de apelación horizontal más sencillo y rápido, diseñado para resolver controversias en tiempos razonables.
4. Optimización de roles y desjudicialización de tareas. Se potencia la división de funciones porque el fiscal se centrará en la investigación y persecución penal, mientras que el juez limitará su rol a resolver controversias, con el debido resguardo de las garantías constitucionales para la defensa. Para descargar a los magistrados de la logística, se crea la Oficina Judicial, dependiente de la Corte de Justicia, que concentrará la logística operativa: notificaciones, programación de audiencias, y control de sistemas de grabación.
5. Acuerdos y juicios abreviados. El nuevo marco normativo permite la solución anticipada de las causas. Los acuerdos podrán ser totales o parciales entre las partes, e incluyen la habilitación de los juicios abreviados, promoviendo una salida consensuada y eficiente al proceso.
La implementación de la reforma implicará, además, una mayor coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales, con especialización de personal e inversión en laboratorios forenses y el sistema penitenciario.
