¿Prohibir o restringir? La discusión por estos dos conceptos acaparó más de dos horas en la última sesión de la Cámara de Diputados. Finalmente, todo se resolvió aprobando la “prohibición del uso de los teléfonos celulares en las escuelas”. El debate tuvo de todo: argumentos sólidos donde se expusieron datos estadísticos, en otros florecieron las pasiones y los pensamientos personales y también estuvieron aquellos que pidieron no desviar el foco de atención ante un endeble sistema educativo que carece mejoras edilicias en las escuelas y mejoras salariales para los docentes.
“¿Le vamos a sumar otra función más a los docentes? Todo queremos solucionar dándole más responsabilidades a un docente que tiene entre 30 y 40 estudiantes por aula. No solo debe enseñar los contenidos programados, sino también ser psicólogo para escuchar los problemas con los que los que los chicos llegan a la escuela. En un contexto de crisis como el actual, el celular también resuelve la imposibilidad de algunos de acceder a fotocopias. Una cosa es hablar desde afuera y otra es hablar conociendo las realidades de quienes están en las aulas”, dijo la diputada y docente Nancy Jaime (bloque Más Salta) al momento de plasmar su postura contraria al dictamen de mayoría.
Consultado por este tema, el autor de la iniciativa aprobada, Gustavo Orozco, aseguró que la prohibición permite darles “una herramienta a los directivos de las instituciones educativas”. “El celular en el aula no, de ninguna manera”, declaró a Legisnoa el representante de Rosario de la Frontera y destacó que el proyecto contempla tres excepciones para que los estudiantes puedan usar sus teléfonos en casos pedagógicos, de emergencia o salud.
Justamente, el artículo dos del proyecto detalla que el uso de los celulares quedará prohibido “durante el horario de clases dentro de las aulas, salvo las siguientes excepciones: a) Situaciones de emergencia; b) Actividades pedagógicas supervisadas que requieran el uso de dispositivos móviles, previa autorización del docente a cargo; y c)Si resultare necesario cuando un alumno fuere una persona con discapacidad y tuviere requerimientos especiales”.
Más allá de contar con el respaldo de la mayoría de los bloques políticos, la iniciativa parlamentaria contó con el aval del Ministerio de Educación. En los próximos días pasará al Senado para buscar su sanción definitiva.
¿Apropiación de proyecto?
Cómo dijimos al inicio del artículo, la discusión política por este tema incluyó una polémica que volvió a evidenciar las tensiones que conviven cada martes en el recinto del edificio ubicado en Mitre 550.
Antes de iniciar la sesión, el diputado Orozco, en su rol de autor del proyecto, advirtió que su propuesta se presentó en junio y después de casi dos meses pudo ser discutida por el pleno del cuerpo legislativo. “Hay otro proyecto que se presentó la semana pasada y solicitan que se adjunte a mí proyecto. Yo nunca hice eso y en mi vida le pediría a otro diputado que adjunte un proyecto que yo haya presentado con posterioridad, porque si no sería mofarme o aprovecharme del trabajo del otro”, lanzó.
El otro proyecto en cuestión apuntaba al mismo tema pero hablaba de la importancia de restringir el uso de los dispositivos móviles y no prohibirlos, cómo terminó sucediendo. Un puñado de legisladores apoyó la propuesta impulsada por Mónica Juárez, pero no reunieron los votos necesarios para torcer la voluntad mayoritaria.
