La trayectoria de los postulantes es el principal foco de las críticas. Para los detractores del gobernador, estas designaciones representan un avance del oficialismo sobre la independencia judicial.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha desatado una fuerte controversia política tras oficializar la postulación de Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa para ocupar las vacantes en la Corte de Justicia local. La medida, formalizada a través de los decretos 9/2025 y 10/2025, busca cubrir los espacios dejados por los jueces Ernesto Samsón y Guillermo Catalano. Sin embargo, el perfil de los candidatos ha encendido las alarmas en sectores de la oposición por su estrecha vinculación con el Poder Ejecutivo provincial.
La trayectoria de los postulantes es el principal foco de las críticas. Plaza se desempeña actualmente como delegado de la Casa de Salta en Capital Federal con rango ministerial, mientras que Diez Villa ocupa el cargo de Defensor General de la Provincia y la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura. Para los detractores del gobernador, estas designaciones representan un avance del oficialismo sobre la independencia judicial, al proponer figuras que han formado parte directa de la gestión política de Sáenz desde su llegada al poder en 2019.
Desde La Libertad Avanza (LLA), la reacción no se hizo esperar. La senadora nacional Emilia Orozco manifestó un rechazo tajante a las candidaturas, argumentando que es inadmisible que ex funcionarios del Ejecutivo pasen a integrar la cabeza del Poder Judicial. Según la legisladora, esta práctica erosiona la división de poderes y pone en duda la imparcialidad que debe regir en el Máximo Tribunal, especialmente en una provincia donde el oficialismo ejerce un control casi total del Senado.
La sombra de la reelección en 2027
El trasfondo de esta disputa judicial no es solo institucional, sino electoral. La Corte de Justicia tendrá un papel determinante si Sáenz decide buscar un tercer mandato en 2027. Aunque la reforma constitucional impulsada por el propio gobernador en 2021 limitó las reelecciones a un solo período consecutivo, existe una zona gris legal sobre si su primer mandato (2019-2023) debe contabilizarse bajo la nueva norma o si el actual debe considerarse como el primero tras el cambio en el texto.
Expertos y aliados del oficialismo, apoyándose en interpretaciones similares a las esgrimidas por figuras como el ex ministro Rodolfo Barra, sostienen que la ley no puede aplicarse de forma retroactiva. Bajo esta lógica, el período 2023-2027 sería el punto de partida legal, habilitando a Sáenz para competir nuevamente. Esta interpretación técnica, de alta sensibilidad política, deberá ser dirimida eventualmente por los jueces que hoy el gobernador intenta designar.
Ante este escenario, la oposición no solo cuestiona los nombres propuestos, sino también el tamaño actual de la Corte. Orozco reclamó que el tribunal regrese a su composición original de cinco miembros, en lugar de los nueve actuales. La senadora denunció que la ampliación del cuerpo, iniciada por Juan Manuel Urtubey y completada por Sáenz, no ha mejorado el servicio de justicia y solo ha servido para que los gobernadores de turno se aseguren una guardia pretoriana judicial.
El proceso de designación y el contexto nacional.
Cumpliendo con la Ley 8311, el Gobierno provincial deberá abrir ahora un período de 15 días hábiles para que la ciudadanía, colegios profesionales y ONG presenten observaciones o impugnaciones. Una vez concluida esta etapa, el pliego pasará al Senado salteño. En la Cámara Alta provincial, el camino parece despejado para el mandatario: de los 23 legisladores que integran el cuerpo, 22 responden directamente a Sáenz, lo que minimiza cualquier obstáculo legislativo para las designaciones.
Esta jugada local se produce en un contexto de aceitada relación entre el gobernador salteño y el Gobierno nacional de Javier Milei. A pesar de las críticas de los referentes locales de LLA, Sáenz se ha posicionado como un aliado estratégico del oficialismo nacional en el Congreso. Esta cercanía quedó evidenciada recientemente con el nombramiento de Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), fruto de un acuerdo con el titular de Diputados, Martín Menem. Finalmente, la resolución de esta polémica marcará el ritmo institucional de Salta en los próximos años. Mientras el oficialismo defiende la idoneidad de Plaza y Diez Villa, la oposición insiste en que la provincia se encamina hacia una “Corte adicta” que garantice la continuidad del gobernador más allá de lo que dicta el espíritu de la reforma constitucional de 2021. El desenlace de este proceso definirá, en última instancia, quién tendrá la palabra final sobre el futuro político de la provincia.
