El oficialismo bloqueó la posibilidad de que el proyecto se trate sobre tablas en el recinto y lo mandó a comisión. Además, se instó a los concejales a que avancen con el juicio político en contra del jefe comunal.
Pese al clima de profunda tensión institucional y social tras el fallecimiento de Tomás Sotero Alancay –un niño de cinco años, atropellado por el chofer del intendente Javier Wayar-, la Cámara de Diputados de Salta decidió no tratar sobre tablas el proyecto de intervención del municipio de La Merced. Pese a la expectativa generada en la comunidad por la urgencia del conflicto, la iniciativa, que buscaba una respuesta política inmediata a la crisis, no logró el consenso necesario para ser debatida sobre tablas en el recinto.
La moción para acelerar el debate fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, con el objetivo de omitir el paso por comisiones ante la gravedad de los hechos. No obstante, el oficialismo bloqueó esta posibilidad. El diputado Germán Rallé, en representación del saenzismo, justificó el rechazo argumentando que el proyecto debe seguir los “resortes constitucionales” habituales. Según el legislador, es imperativo que el Concejo Deliberante local actúe primero y que la propuesta sea analizada con la profundidad técnica que requiere un desplazamiento de autoridades electas.
El proyecto de ley fue presentado de manera conjunta por los tres representantes del departamento Cerrillos: los diputados Jorge de la Zerda y Luis Fernando Albeza, y el senador Gonzalo Caro Dávalos. La propuesta contempla la intervención del Departamento Ejecutivo municipal hasta diciembre de 2027, lo que implicaría el cese inmediato de las funciones del actual intendente y la designación de un interventor por parte del Gobierno provincial para normalizar la situación administrativa y social de la localidad.
Desde el punto de vista legal, el pedido se fundamenta en el artículo 179 de la Constitución Provincial, el cual faculta la intervención ante escenarios de extrema gravedad institucional. Al ser derivado a las comisiones de trabajo legislativo, el proceso entra ahora en una etapa de análisis administrativo que dilata los tiempos de resolución, dejando el futuro político de La Merced en suspenso mientras la crisis de gobernabilidad continúa bajo la lupa de la opinión pública.
