El pronunciamiento del máximo tribunal responde a tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por distintos sectores de la oposición salteña
La Corte de Justicia de Salta respaldó la reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz y sancionada a través de la Legislatura provincial. De acuerdo con el documento judicial, el fallo aborda los cuestionamientos planteados contra la normativa, ratifica la validez de su texto —conocido como ley de lemas— y sienta un precedente vinculante para resolver otras dos presentaciones de características similares.
El pronunciamiento del máximo tribunal responde a tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por distintos sectores de la oposición salteña. Según consta en las actuaciones, los recursos fueron interpuestos por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón (La Libertad Avanza), Claudio Del Plá (Partido Obrero) y Alejandro Patrón Costas (Partido de la Reconquista).
La nueva ley
En cuanto al diseño del sistema, la normativa ratifica que la fórmula de Gobernador y Vicegobernador continuará eligiéndose mediante el voto directo de la ciudadanía y por simple mayoría de sufragios. No obstante, la ley introduce un esquema de acumulación de votos internos para los cargos legislativos y municipales: dentro de las alianzas que compitan con múltiples listas, los sufragios obtenidos por las distintas nóminas se sumarán a favor del candidato que resulte más votado en ese mismo espacio político.
Ante los cuestionamientos sobre este mecanismo, el tribunal sostuvo en su fallo que las provincias cuentan con plena potestad constitucional para definir sus propios regímenes electorales. Los magistrados argumentaron que la sumatoria de votos entre listas de un mismo frente no convierte a los comicios en una elección indirecta, dado que los ciudadanos eligen directamente a sus representantes sin que exista una instancia intermediaria posterior que modifique esa voluntad.
Argumentos judiciales
Por otra parte, la reforma establece un requisito de alcance territorial que exige a toda fuerza política que aspira a competir por la Gobernación presentar listas en todas las categorías en, al menos, quince de los veintitrés departamentos de la provincia. Según los fundamentos de la norma, esta disposición apunta a fortalecer la estructura partidaria y evitar postulaciones circunscriptas únicamente a la capital, demandando representación en el interior provincial.
Respecto a este punto ya la conformación de alianzas locales, la Corte interpretó que el piso de quince departamentos constituye una condición de participación para las agrupaciones políticas y no un impedimento o exigencia personal para los candidatos individuales a gobernador. Asimismo, el cuerpo judicial presidido por Teresa Ovejero descartó que sea arbitrario exigir un mínimo de dos partidos para integrar frentes municipales, y subrayó que la definición del sistema electoral es una atribución propia del Poder Legislativo en la cual la Justicia no debe interferir salvo ante una vulneración constitucional manifiesta.
