Hola! Cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vengo a contarte algo que no sucede muy seguido en la política. Y, como no puede ser de otra manera, cuando sucede genera ruido.
Después de la celebración de El Milagro, Salta empezó a retomar su ritmo habitual y la política recuperó su agenda con algunos temas cercanos a las preocupaciones de la población y con otros, aunque muchos dirigentes los nieguen, más vinculados al proceso electoral del próximo año.
Hoy tengo que contarte que en la Cámara de Diputados hay un tema que tiene inquietos a una serie de legisladores y esto tensiona las relaciones poco nutridas con el Poder Ejecutivo. Este tema tiene tan ocupados a algunos representantes del pueblo que se encuentra bajo análisis en distintas reuniones informales, charlas entre los pasillos e incluso no les permite concentrarse ni interiorizarse en los temas contemplados en las últimas actas de labor parlamentario -el documento que se confecciona semana a semana con los temas a tratar en la sesión de cada martes-.
Quedamos a disposición de lo que definan las empresas y con un Ente Regulador maniatado
La preocupación que hoy tiene a los Diputados analizando un sinfín de alternativas surgió hace unas semanas en el mismísimo edificio del Palacio Legislativo. El pasado 15 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó un escueto proyecto de Ley que pretende, según uno de sus autores (el senador Juan Cruz Curá), “cuidar los bolsillos de los salteños”. Pero en Diputados entienden que el proyecto se encuentra, diametralmente, en sentido contrario.
El proyecto en cuestión precisa en su primer artículo que se establezca “como límite para las actualizaciones tarifarias que se correspondan con el servicio de agua potable y desagües cloacales, así como el Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio de energía eléctrica, el coeficiente de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)”.
El inconveniente no radica sobre el punto recientemente mencionado. El inconveniente radica en el artículo dos del proyecto que tiene media sanción y el visto bueno de la gobernación. “El límite de actualización instaurado por la presente Ley tendrá eficacia y se aplicará a partir del 01 de Enero del año 2.024”, precisa el texto.
“Es una locura hacer retroactivos los aumentos porque los servicios ya se fueron actualizando a lo largo del año y no hay familia que pueda aguantar nuevas subas. Además, el costo político también será altísimo” , dijo una legisladora norteña en los pasillos del edificio de Mitre 550.
El texto demorado en el cuerpo presidido por Esteban Amat contempla también en su último artículo la decisión de dejar de lado cualquier otra legislación o normativa vigente sobre la temática abordada. En relación a esto, no son pocos los representantes, oficialistas y opositores, que advierten que esto atentaría contra algunas disposiciones provinciales como la que dispuso el gobernador, Gustavo Sáenz, a finales de marzo cuando suspendió por 120 días los aumentos de energía eléctrica e impuso que la empresa Edesa siga facturando el servicio conforme al cuadro vigente para el periodo febrero 2024.
“Con este proyecto casi que quedamos a disposición de lo que definan las empresas y con un Ente Regulador maniatado”, expuso otro alfil del saencismo en la Legislatura.
El escenario parlamentario luce complejo para el proyecto porque la dilación genera resquemores con el Centro Cívico Grand Bourg que espera una pronta sanción definitiva y no termina de decodificar este comportamiento adoptado por sus representantes.
En abril el ministro coordinador que tiene Gustavo Sáenz, Sergio Camacho, visitó el Senado para precisar algunos datos sobre el tema. Allí indicó que que tanto en generación como en el rubro incidencia del alumbrado público, los aumentos fueron dictados por el Estado Nacional en un 3.253%, además de los aumentos en transporte, otorgado por el Ente Nacional, que fueron del 1.500% a Transener y del 2099% a Transnoa.
En el caso de Salta esos aumentos representan en la facturación el 45% para generación y 5% para transporte, siendo el 50% restante el valor de distribución que cobra Edesa. En la última suba autorizada por el Ente Regulador, la empresa asumió el compromiso de invertir US$29 millones en tres años. Ese último aumento fue aplicado en enero de 2024 en tres partes, una del 78% y dos del 11,84%, que fueron suspendidas por 120 días.
¿Cómo viene trabajando el Gobierno en el tema?
En relación a los usuarios residenciales de servicios, Salta tiene un sistema solidario de financiamiento, en el que se distinguen cuatro categorías: la N1 (altos ingresos y valor de $132 hora) , que agrupa a 63 mil usuarios, el 17% del total; la N2 (bajos ingresos y valor de $29,29 hora), que agrupa a 84 mil usuarios, el 22% del total; la N3 (ingresos medios y valor de $33,61 hora), que agrupa a 61 mil usuarios, el 16% del total, y la Tarifa Social (valor $21,28 hora), que agrupa a 135 mil usuarios, el 35% del total y que sumada a la N2 contiene al 57% de todos usuarios y usuarias.
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