Las caras de los senadores se transforman cuando les toca hablar del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la adhesión de la provincia a esta política impulsada por el Gobierno nacional. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo local genera parsimonia entre los representantes departamentales, de hecho se esperaba que la iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, sea aprobada el pasado 22 de agosto. “Podríamos haber aprobado el proyecto sobre tablas, pero decidimos respetar los tiempos y tratarlo en una semana. Tenemos los votos”, dijo una de las piezas claves de la Cámara alta en los pasillos del Palacio Legislativo.
El optimismo oficialista por los votos en el recinto está más que fundado. Sobre un total de 23 integrantes, el espacio político que encabeza Gustavo Sáenz reúne a 21 voluntades. En algunas votaciones ese número puede extenderse a 22, incluso. En este escenario se contabiliza hasta el momento un único voto en disidencia que pertenecería a Walter Wayar del Frente de Todos.
En la antesala al debate en el recinto, los proyectos que plantean la adhesión de Salta al RIGI y la modificación del porcentaje de las regalías mineras están siendo analizados en las comisiones de Economía, Minería y Legislación General
“Hay una definición política por parte del gobierno, al cual yo personalmente quiero acompañar con el cuidado que tenemos que tener todos los salteños porque el RIGI lo que hace es darle todas las prerrogativas a las grandes inversiones para que tengan beneficios aduaneros y no paguen retenciones cuando exportan, que no paguen impuestos aduaneros cuando importan”, expresó el senador Miguel Calabró a Legisnoa. Y agregó: “son todos beneficios, entonces, mínimamente queremos decirles como sociedad que algo tienen que dejar en Salta”.
En relación a lo que comprende la iniciativa que posibilita al estado provincial modificar el porcentaje de regalías, el representante del Departamento La Caldera precisó que la iniciativa “autoriza a la provincia a proponer un aumento de regalías y establece como tope máximo el 5%. El proyecto se puede aprobar la semana que viene, pero el debate sigue abierto”, enfatizó.
Con el argumento del “respeto” a los tiempos legislativos, en el Senado descartan que la demora en el tratamiento se vincule a presiones del sector minero. Vale recordar que cuando la iniciativa ingresó a la Legislatura, el sector privado cuestionó la intención de elevar el tope impositivo y algunos diputados criticaron la idea de “querer cambiar las reglas” y desalentar la inversión privada.
“Obviamente. Los inversores la quieren toda para ellos, y es lógico porque hacen un negocio, pero nosotros necesitamos que en la provincia también quede algo”, indicó un senador y reconoció que desde el empresariado hay quejas.
