El foco de su crítica es la pretendida prórroga de una ley que, según sus palabras, “ordena a los jueces del Poder Judicial que no ejecuten las sentencias” de desalojo en el norte de la provincia.
El diputado provincial Guillermo Durand Cornejo emitió un duro pronunciamiento en la Legislatura de Salta, denunciando lo que considera una “intromisión absoluta y total” del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial. El foco de su crítica es la pretendida prórroga de una ley que, según sus palabras, “ordena a los jueces del Poder Judicial que no ejecuten las sentencias” de desalojo en el norte de la provincia. Justamente, en el Acta de Labor de la última sesión de la Cámara baja figuraba el proyecto de Ley en revisión que modifica el artículo 9° de la Ley 7658 para suspender hasta el 31 de diciembre de 2026, las ejecuciones de sentencia, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación, o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.
El legislador calificó la medida como un acto de “atropello” y una “mordaza” a la justicia, señalando que esta injerencia lleva más de 15 años y pone en evidencia la “vergonzosa falta de independencia” de los jueces que, a su vez, no han alzado la voz para defender su autonomía.
Durand Cornejo remarcó que esta ley y sus constantes prórrogas, que supuestamente buscan proteger a comunidades del norte salteño de perder sus tierras, esconden una realidad distinta y más grave. Tras oponerse a la norma en varias oportunidades, el diputado manifestó haber tomado conocimiento de que la verdadera intención de la prórroga no es amparar a los pueblos originarios, sino proteger a “personas muy poderosas que se dedican a las cosechas” en la zona. De esta manera, denunció que la ley se utiliza como un mecanismo para favorecer a empresarios influyentes, con la supuesta complicidad de la Legislatura y el respaldo del Ejecutivo provincial, lo que agrava aún más el quiebre institucional y la falta de justicia equitativa para todos los ciudadanos.
El legislador enfatizó que la justicia debe ser imparcial, “tanto para un aborigen como para un empresario de la provincia”, y cuestionó que 15 años después se siga justificando a una norma que “amordace a los jueces de la provincia”. Además de la intromisión del Ejecutivo sobre el Judicial, Durand Cornejo mencionó la sistemática imposibilidad de los legisladores de ejercer su deber de control mediante pedidos de informes a la justicia, una práctica que considera inconstitucional. Para él, esta negativa a ejercer el control es el “punto de partida de la falta de independencia” y demuestra cómo uno de los poderes del Estado no puede operar libremente en Salta.
El diputado también lanzó una fuerte crítica a los propios miembros del Poder Judicial, incluyendo a la Presidente de la Corte, Teresa Ovejero, por su “vergonzosa actitud” y su silencio. Lamentó que en todos estos años “nunca se escuchó una sola palabra” de los jueces a quienes se les impide ejecutar sus fallos, lo que interpreta como una incapacidad de defender la autonomía e independencia que deberían tener. Este silencio, según Durand Cornejo, es lo que hace que la falta de independencia sea aún más patente y “vergonzosa”.
En este contexto de denuncia de atropello institucional y presunta protección a poderosos, el legislador provincial reclamó públicamente al gobierno de Sáenz que se regularice la situación dominial de las tierras del norte, y que dejen de utilizar el mecanismo de la prórroga de la ley para “volver a amordazar a juez alguno”. Concluyó que es una “vergüenza” que esta situación lamentable para la constitucionalidad de Salta se haya mantenido durante 15 años y que se pretenda extender por un año más, instando a la Legislatura a no convalidar esta complicidad y no frenar la labor de la justicia.
