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Este nuevo informe sigue vinculado a uno de los temas que más ruido generó en la Legislatura salteña en las últimas semanas. Después de idas, vueltas y jornadas de incertidumbre, la Cámara de Diputados de Salta avanzó en la sanción con modificaciones del proyecto de Ley que limita los porcentajes de aumento sobre los servicios públicos a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que confecciona mes a mes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
“Ahora sí tenemos consenso y aval del Grand Bourg -en alusión el edificio que alberga al Poder Ejecutivo- para avanzar con los cambios”, aseguró a Legisnoa un alfil del oficialismo en la Cámara baja. En relación a esto, en los pasillos del Palacio Legislativo remarcan que este tema se logró destrabar en una reunión que el presidente del Cuerpo, Esteban Amat, mantuvo con el gobernador, Gustavo Sáenz, para convencerlo sobre los cambios que debía sufrir la iniciativa aprobada semanas atrás en el Senado.
En relación a los cambios hay que destacar que el alma de la iniciativa se mantiene inalterable porque se respetó el primer punto que establece “como límite para las actualizaciones tarifarias que se correspondan con el servicio de agua potable y desagües cloacales, así como el Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio de energía eléctrica, el coeficiente de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Indec”.
“Consensuamos el establecimiento de un tope máximo a lo que es el valor agregado de distribución del 4%, que está dado por el IPC. Hay que tener en cuenta que la factura de la luz se compone por distintos ítems, lo que le corresponde a provincia es el VAT, valor agregado de distribución, y después tenemos todo lo que es energía, transportes, impuestos y tasas, que corresponden a la Secretaría de Energía de Nación”, indicó la diputada Laura Cartuccia. Y remarcó que la medida surge como respuesta a la “apremiante situación que están viviendo todos los salteños” en torno a la suba de las tarifas.
Muy distinta fue la suerte del segundo artículo del proyecto que llegó desde el Senado. Ese apartado estipulaba que el límite de actualización instaurado por la presente Ley tendría efecto retroactivo y se aplicaría a partir del 01 de Enero del año 2.024. Entendiendo que la retroactividad generaría un elevado salto en las tarifas, el artículo fue eliminado y los representantes de la Cámara baja consensuaron que el tope tarifario se aplique desde la puesta en vigencia del texto normativo.
Sumado a esos cambios, la nueva versión del artículo dos conserva la esencia de la norma porque declara que las autorizaciones que se correspondan con períodos anteriores se regirán conforme a los procesos de revisión previstos por tal normativa “respetando los principios de gradualidad y de real capacidad de pago del usuario”.
Más allá de la euforia oficialista por la aprobación del proyecto, el diputado del PRO, José Gauffín advirtió que el proyecto está enfocado para “la tribuna” porque carece de efectos prácticos” para los usuarios. “La única forma de defender a los usuarios a través de la tarifa es revisando el contrato con Edesa, no hay otra forma”, aseguró el legislador. Y declaró que mientras se siga aumentando la rentabilidad garantizada sobre los activos totales puestos en el servicio de la distribución eléctrica, la ecuación no cambiará.
Los municipios se hacen sentir
Entre los cambios avalados por Diputados se destaca la implementación del reclamo realizado por los jefes comunales para resistir a una normativa nacional y seguir cobrando tasas municipales en las boletas de servicios públicos.
Con este determinación, la Legislatura local va en contramano de la Resolución 267/2024 que emitió el Ministerio de Economía de Nación para establecer que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva “la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”. Los legisladores y los intendentes salteños entienden que la resolución nacional se entromete en la autonomía de los municipios y subrayan que los usuarios están facultados a solicitar la separación de dichas tasas de las boletas.
Para hacerse eco del reclamo de los jefes comunales, los legisladores incorporaron en el proyecto un articulo que precisa que las empresas prestatarias de los servicios públicos deben percibir el pago de las tasas e impuestos municipales siempre que los tributos alcancen a los vecinos de las localidades. “Los usuarios de los servicios públicos pueden solicitar el cobro por separado de los conceptos a los que se refiere al artículo anterior. Dicha solicitud podrá abarcar uno o varios períodos. La falta de pago de estos conceptos no podrá constituir causal de incumplimiento habilitante para la interrupción o desconexión del servicio”, agrega el cuarto punto de la iniciativa que ahora deberá discutir el Senado.
En la Legislatura saben que está decisión puede entenderse como una declaración de guerra a la gestión de Javier Milei pero sostienen que la interferencia de Nación sobre los municipios no tiene razón de ser y que ante cualquier planteo judicial, la posición de la provincia lleva las de ganar.
Justamente, en representación de la bancada libertaria Roque Cornejo declaró que llama poderosamente la atención “los límites ante los cuales, constantemente, el Gobierno de Salta intenta superar la barrera que el Gobierno Nacional establece como una política macroeconómica con la idea y el entusiasmo de que provincias y municipios sigan esa línea porque en definitiva estamos todos en el mismo barco”. “Estamos en el mismo barco. A veces se van los funcionarios provinciales a Buenos Aires a sacarse una foto para decir que están en el mismo barco, pero cuando se tiene que actuar u obrar se demuestra que no hay interés, no hay intención, no hay voluntad de estar en el mismo barco. Tampoco hay intención ni hay interés ni voluntad para tratar de sacar adelante al país”, enfatizó.
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