La iniciativa surge como respuesta al avanzado deterioro de la infraestructura vial y la falta de inversión federal, factores que han transformado a las rutas nacionales en escenarios de constantes tragedias.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio luz verde a un proyecto de declaración que insta a los legisladores nacionales por Salta a gestionar ante el Congreso de la Nación la declaración de la Emergencia Vial en todo el territorio salteño por un plazo de 24 meses. La iniciativa surge como respuesta al avanzado deterioro de la infraestructura vial y la falta de inversión federal, factores que han transformado a las rutas nacionales en escenarios de constantes tragedias. Según se expuso en el recinto, la medida busca establecer prioridades urgentes y dotar al Estado de herramientas para una contratación más ágil que permita ejecutar obras de seguridad esenciales.
Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Marianela Ibarra fundó su iniciativa en estadísticas alarmantes que reflejan una “situación crítica”. Según datos de 2025, se contabilizaron 445 siniestros viales en rutas nacionales dentro de Salta, con un saldo de 52 víctimas fatales. La tendencia no ha mejorado en 2026, donde tan solo en la Ruta Nacional 9/34 ya se registraron 14 fallecimientos. Ibarra subrayó que existen fondos específicos para estas tareas, registrando que por cada litro de combustible vendido, se destinan $304 a un fideicomiso del cual la mitad financiera a Vialidad Nacional.
La jornada legislativa estuvo marcada por una fuerte controversia política en torno a la postura del bloque de La Libertad Avanza. Si bien los representantes del espacio libertario manifestaron abiertamente su rechazo a la iniciativa, fundamentando su posición en la política de austeridad y el recorte de obra pública promovida por el Ejecutivo nacional, optaron por una estrategia llamativa al momento de la definición. Al iniciarse el proceso de votación, los legisladores de dicho bloque se ausentaron del recinto, evitando así que sus nombres quedaran registrados en la votación final.
Finalmente, el cuerpo legislativo enfatizó que la declaración de emergencia no es solo un trámite administrativo, sino un reclamo de soberanía y seguridad para los ciudadanos que transitan las rutas del norte. Con la aprobación de esta declaración, la presión se traslada ahora a los diputados y senadores nacionales, quienes deberán llevar el pedido a Buenos Aires para intentar destrabar el financiamiento y los acuerdos de obra que hoy se encuentran paralizados, mientras el índice de siniestralidad continúa en ascenso.
