Semanas atrás, cuando la Legislatura de Salta analizó y prorrogó por quinta vez y para los próximos dos años la Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género establecida hace una década, funcionarios provinciales plantearon que “por supuesto, por si sola, esta declaración no resuelve nada, pero ayuda a dar visibilidad a la problemática y posibilita que oportunamente puedan destinarse nuevos recursos para enfrentarla”. “Ante una situación tan compleja como la que vivimos, es preferible tener esta declaración de emergencia a no tenerla” argumentaron, palabras más, palabras menos, las autoridades de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
Ese mismo razonamiento parece tener ahora la senadora Alejandra Navarro para proponer la declaración provincial de “Estado de Emergencia Sociosanitaria por Consumo de Sustancias Psicoactivas” que ya se analiza en la Legislatura.
El proyecto ingresado a la Comisión de Adicción, Tráfico y Consumo Ilícito de Drogas del Senado faculta “al Poder Ejecutivo a coordinar con los organismos nacionales, provinciales y municipales todas aquellas medidas conducentes para dar solución a la situación de emergencia”, establece que “el Poder Ejecutivo podrá disponer los refuerzos, distribuciones y/o reestructuraciones de partidas presupuestarias que resultaren necesarias para el cumplimiento del presente” y autoriza “al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos de entidades públicas o privadas con destino a la construcción y puesta en funcionamiento de Centros de Atención dedicados a la terapia y recuperación de adictos a sustancias estupefacientes con la dimensión suficiente para recepcionar a pacientes de todos el territorio provincial”.
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En el Ministerio de Salud Pública, en tanto, valoran el interés de la Legislatura, pero advierten que “no hubo consultas previas con nuestros especialistas” y observan que “este proyecto no viene acompañado de datos y estadísticas que lo fundamenten y no prevé mayores recursos para las áreas implicadas en la atención de las personas con consumos de sustancias por lo que no es más que una simple declaración”.
Sin mayor entusiasmo por la iniciativa, informan que “en la provincia el número de consultas se mantiene estable en los últimos 5 años” y plantean que “el objetivo es ampliar la red de dispositivos de recepción de consultas y de atención de personas como se viene haciendo en distintos municipios y para eso son necesarios fondos para infraestructura y profesionales”.
Sugieren, además, que los legisladores podrían trabajar en la captación de nuevos recursos “con asignación específica” para la atención de la problemática del consumo problemático de sustancias mientras que en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones recuerdan que a fines del año 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri se declaró la “Emergencia Nacional en Adicciones”, pero sin incremento de partidas presupuestarias por lo que las entonces autoridades y legisladores salteños decidieron no adherir a esa declaración nacional y continuar con la estrategia provincial.
La emergencia eterna
La provincia de Salta está en “emergencia” desde hace casi 35 años: el 15 de marzo de 1990 y por pedido del Poder Ejecutivo a cargo de Juan Carlos Romero, la Legislatura sancionó la Ley 6.583 de Emergencia Económica.
Esa ley, reemplazada luego por la 7.125 y sus complementarias, fue parte del paquete de normas que las provincias argentinas establecieron para llevar adelante en sus territorios el perverso plan de reducción estatal impulsado por el entonces presidente Carlos Menem. Y desde entonces fue extendida manera sistemática durante los gobiernos de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz para mantener “facultades especiales de administración”.
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