En los pasillos de la Legislatura quedó sobrevolando un interrogante: ¿Esta medida de descentralización fortalece la independencia de los organismos o es el primer paso hacia un debilitamiento de su capacidad de control?
La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a una reforma clave en las leyes 7863 y 8024. El proyecto modifica la estructura y, principalmente, el esquema de remuneraciones de los integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
La iniciativa, que en sus borradores originales planteaba que los cargos fueran ad honorem, derivó finalmente en un esquema de “financiamiento descentralizado”. A partir de ahora, cada organismo (Poder Ejecutivo, Judicial, Senado y Diputados) deberá costear con su propio presupuesto el sueldo del representante que designe.
Dos visiones, un mismo presupuesto.
El debate en el recinto dejó en evidencia dos lecturas contrapuestas sobre el impacto de esta medida en la calidad democrática de Salta.
La diputada Laura Cartuccia, una de las principales voces en defensa del proyecto e impulsora de que los cargos se ocupen ad honorem, centró su postura en el ordenamiento administrativo. Para la legisladora, el sistema anterior generaba una carga desproporcionada sobre el Poder Ejecutivo, que debía absorber los costos de representantes designados por otros poderes.
Cartuccia argumentó que la nueva reforma “distribuye las cargas presupuestarias conforme a la representación institucional” asegurando que este movimiento no es un recorte, sino un acto de transparencia donde cada sector se hace cargo de sus propias decisiones de diseño institucional. “Responde a criterios de prudencia y responsabilidad fiscal”, sentencia, en sintonía con la línea de austeridad que atraviesa la gestión pública actual.
El fantasma del desfinanciamiento y la autonomía
Desde la vereda opuesta, aunque acompañando el dictamen final tras los cambios realizados en comisiones, el diputado Luis Mendaña fue punzante respecto a las intenciones detrás de la iniciativa original. Mendaña, quien presentó un dictamen en minoría, celebró que se haya dado marcha atrás con la idea de la labor ad honorem.
“A alguien se le ocurrió que podíamos desfinanciar organismos como estos y estaban equivocados”, dijo Mendaña durante su alocución. El legislador hizo hincapié en que la autarquía y autonomía de estos entes es vital para que puedan emitir advertencias y sugerencias al Ejecutivo sin represalias económicas.
Si bien aceptó el nuevo esquema de pagos repartidos, dejó una advertencia clara para el futuro: “Que el representante que vaya de la Cámara de Diputados o el Senado sea rentado no es para hacer lo que nosotros queremos”. Para Mendaña, el sueldo debe garantizar la independencia técnica de quienes investigan la violencia de género y las condiciones de encierro, no su subordinación política.
Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora al Senado, pero más allá de la decisión adoptada, en los pasillos de la Legislatura quedó sobrevolando un interrogante: ¿Esta medida de descentralización fortalece la independencia de los organismos o es el primer paso hacia un debilitamiento de su capacidad de control?
