Finalmente, la provincia de Salta ya trata la revisión de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, pendiente desde hace una década. Tras la obtención de un documento de enfática “no objeción” de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, gestionado por el ministro de la Producción, Martín de los Ríos, el gobernador Gustavo Sáenz envió el proyecto de ley a la Legislatura que avanza en una rápida aprobación.
Este martes, la Cámara de Diputados dio media sanción al documento técnico y al nuevo mapa elaborado por un “consejo asesor” integrado por más de 120 representantes de distintas instituciones científicas, políticas y ambientalistas.
A diferencia de lo sucedido durante la discusión del original Ordenamiento Territorial, hace una década, cuando se escucharon fuertes discursos y se presentaron potentes argumentos, a favor y en contra, en el debate legislativo, esta vez las críticas fueron menores y los discursos poco encendidos.
La encargada de presentar la iniciativa al cuerpo fue Socorro Villamayor que reconoció a Sáenz por “pagar otra deuda que dejó la gestión de (Juan Manuel) Urtubey y presentar una propuesta de revisión ambientalista pero también productivista”. “La Ley Bonasso era negativa y restrictiva y el mapa de 2008 era mentiroso” consideró la diputada de por Salta Capital y destacó que “antes había en zona verde 1,5 millones de hectáreas y con el nuevo mapa hay 721 mil hectáreas, con lunares verdes a considerar a escala predial”.
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La disminución de la superficie verde también fue mencionada por los diputados Néstor Parra de Guachipas y Luis Mendaña de La Caldera. “Menor superficie verde y una mejor distribución son aspectos a destacar de este mapa” dijo Parra y Mendaña valoró que “hay menos verde y hay más amarillo de mayor valor de conservación”.
A su turno, Juan Esteban Romero de Salta Capital aseguró que “para la producción de la provincia esta es la medida más importante en 17 años” y planteó que “una única duda que surge es por el protocolo de consulta a las comunidades originarias que no queda claro si es vinculante o no vinculante y eso puede terminar en la judicialización de proyectos productivos”. Mientras que Bernardo Biella también de Salta Capital consideró que “es una propuesta superadora y la única pregunta es cómo se va a controlar que se cumpla con este mapa”.
Las primeras críticas a la iniciativa fueron de Roque Cornejo de Salta Capital. “No estoy de acuerdo con legislar a paquete cerrado” dijo. Y reclamó: “basta de aprobar a libro cerrado, a este proyecto le falta tratamiento porque hace falta una mirada política y no sólo una mirada científica para ver a dónde queremos llevar a la provincia”.
Las diputadas Griselda Galleguillos de Rosario de Lerma y Soledad Farfán de Salta Capital coincidieron y pidieron “mayor participación y opinión de los legisladores”. Además, se sumaron al pedido de vuelta a comisión del proyecto que finalmente fue rechazado y Mirta Miller de San Martín también expresó que “faltó tiempo de tratamiento de este proyecto” y anticipó su voto en contra.
Por su parte, Jorge Restom también de San Martín pidió autorización para leer un par de párrafos y adherir a una nota enviada por la Facultad de Humanidades de la UNSa a la Legislatura y al Grand Bourg con reparos y objeciones al proyecto de ley en debate.
Finalmente, Germán Rallé señaló que “hasta ahora el verde estaba sólo en el sur, pero ahora el nuevo mapa da igualdad de oportunidades a las distintas regiones de la provincia”.
Vieja y millonaria deuda
En su alocución, la diputada Villamayor recordó que por el repetido incumplimiento de la Ley de Bosques desde 2009 hasta 2023 “la Nación le debe a Salta casi $30 mil millones por los servicios ambientales prestados: tenían que enviar por ley $30 mil millones y sólo enviaron $850 millones”.
Reconocimiento oficialista y opositor
Sobre el final de su discurso el diputado José Gauffín de Salta Capital avisó que “acompañamos lo que está bien hecho, por eso acompañamos este proyecto” y destacó el trabajo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable y el consejo asesor del OTBN.
Lo mismo hicieron los diputados Luis Albeza y Santiago Vargas que ponderaron la tarea de Martín de los Ríos. “Las dudas por las consultas a las comunidades originarias quedaron salvadas en una adenda que se acordó con el ministro esta mañana” dijo el legislador de Cerrillos y valoró que “en el consejo asesor participaron todos lo que quisieron participar en un proceso verdaderamente participativo”. Y el representante de San Martín pidió “apoyar al ministro” y declaró que “es la hora de la producción en la provincia”.
El voto en duda
Por supuesto, la aprobación del proyecto elaborado por el gobierno provincial nunca estuvo en duda, pero si hubo dudas por el voto de un diputado oficialista. Rogelio Segundo de Rivadavia es también dirigente indígena y muchas comunidades originarias están en contra del vigente Ordenamiento Territorial y también del que ahora se debate en la Legislatura.
“Iba a votar por el no, pero voy a votar por el sí porque se incorporó el protocolo de consulta a las comunidades indígenas” confirmó sobre el cierre de sus palabras y aclaró que “no me presionaron, yo me hago cargo del voto”.
De aquí en más
Con media sanción, las autoridades de Diputados confirmaron a la prensa un inmediato del proyecto al Senado donde se da por descontada la rápida sanción definitiva y el envío de la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación.
La efectiva entrada en vigencia del nuevo mapa del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos de Salta puede demorarse por planteos judiciales. La semana última, la organización ecologista Greenpeace advirtió que la iniciativa viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720 mil hectáreas, una superficie sumamente excesiva y valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración.
“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento Territorial incluye una categoría amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede” afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, y añadió que “Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.
Además, la ambientalista advirtió que “esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia” y anticipó que “en el caso que Salta avance con un ordenamiento irregular incumpliendo con lo establecido por la Ley de Bosques, nosotros vamos a estar denunciando a la Corte Suprema de Justicia por este incumplimiento”.
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