La Cámara de Diputados de Salta aprobó por mayoría el proyecto de ley que crea el Régimen Provincial de Promoción del Empleo para Personas con Discapacidad, en una sesión caracterizada por fuertes cruces entre los legisladores libertarios y los bloques saencistas. La nueva normativa busca incentivar la incorporación y permanencia de este colectivo en el sector privado a través de programas de apoyo estatal. Además del dictamen legislativo, el recinto fue escenario de discusiones vinculadas a la prevención de picadas de autos y a la situación económica de las prestaciones sociales.
Para acceder a los beneficios del régimen, los empleadores que desarrollen actividades dentro de la provincia deberán contratar de manera efectiva a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente para prestar servicios en la jurisdicción. Un requisito central de la medida establece que la relación laboral deberá mantenerse durante un período mínimo de doce meses para garantizar la estabilidad de las plazas. Con este esquema, el Estado provincial procura dinamizar la inserción laboral formal de las personas con discapacidad mediante herramientas concretas de fomento económico.
Sin embargo, el punto de mayor tensión política se vivió durante el debate de un proyecto de declaración referido a los fondos nacionales para el área. La bancada del oficialismo provincial apuntó contra el Gobierno nacional por el recorte de partidas en materia de discapacidad, mientras que los diputados libertarios replicaron la acusación haciendo hincapié en investigaciones en curso por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones en el departamento Anta. A pesar de los chispazos, la iniciativa fue respaldada para sentar una postura institucional frente al Congreso de la Nación.
Finalmente, el documento aprobado insta formalmente a los legisladores nacionales a garantizar que el Presupuesto Nacional 2027 asegure los recursos adecuados, la continuidad y la previsibilidad para el pago de pensiones y servicios. La declaración ratifica la necesidad de resguardar los derechos reconocidos por las normas vigentes y demanda el fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. De esta manera, la Cámara baja salteña concluyó una jornada marcada tanto por avances en el marco normativo provincial como por reclamos de alcance federal.
