De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia gobernada por Gustavo Sáenz dejaría de percibir un total de $41.638 millones.
El Gobierno nacional de Javier Milei encara semanas decisivas para la aprobación de su ambiciosa reforma laboral en el Congreso. Con el tratamiento legislativo previsto para el próximo 10 de febrero, el proyecto no solo busca modernizar las relaciones del trabajo, sino que introduce modificaciones profundas en el Impuesto a las Ganancias. Esta decisión ha encendido las alarmas en el Norte Grande, especialmente en la provincia de Salta, debido al severo impacto que tendrá sobre los recursos coparticipables que financian el presupuesto local.
De acuerdo con un detallado informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la provincia gobernada por Gustavo Sáenz se encuentra en el “segundo pelotón” de las jurisdicciones más damnificadas por la medida. Se estima que Salta dejaría de percibir un total de $41.638 millones. Esta merma de fondos se explica porque el Impuesto a las Ganancias es un tributo nacional que se reparte de forma automática y diaria, lo que significa que cualquier recorte en su recaudación golpea de inmediato la liquidez de la administración salteña.
A nivel país, el costo fiscal de esta “modernización laboral” es sistémico. Los cambios impositivos asociados, que incluyen reducciones de alícuotas para grandes empresas y ampliación de exenciones, implicarían una caída en la recaudación de $1,9 billones. De ese total, el peso más grande recae sobre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que en conjunto resignarían $1,2 billones, mientras que el Estado nacional absorbería una pérdida de $789.333 millones, equivalente al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI).
Esta situación genera una fuerte tensión política, ya que Salta, bajo la gestión de Sáenz, ha mantenido una postura de diálogo y acompañamiento en votaciones clave para el oficialismo durante los primeros años de gestión. Sin embargo, este alineamiento no parece traducirse en beneficios fiscales; por el contrario, la provincia enfrenta un recorte que complicará el financiamiento de servicios esenciales y obra pública, en un contexto donde el Ejecutivo nacional ya ha descartado implementar mecanismos de compensación.
Desde la Casa Rosada la postura es inflexible. Fuentes oficiales deslizaron que “los gobernadores responden a argumentos” y aclararon que cubrir la pérdida de fondos no forma parte del menú actual de negociación. Este hermetismo del Gobierno central se da en la previa de la primera reunión política del año, convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el próximo viernes. Allí se terminará de definir el texto final de la reforma, sobre el cual no se esperan cambios de fondo respecto a lo ya consensuado en el Senado.
El malestar en el interior del país crece a medida que se conocen los detalles de la reforma. Mientras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan el ranking de pérdidas en términos absolutos, el recorte en Salta resulta particularmente sensible por su impacto proporcional en las cuentas públicas. Los gobernadores observan con preocupación cómo las modificaciones en Ganancias benefician al sector corporativo y a ciertos sectores de vivienda a costa de los recursos federales destinados a las provincias.
El clima de negociación está en su punto más álgido. El ejemplo de Mendoza, donde el ministro del Interior, Diego Santilli, será recibido por el gobernador Alfredo Cornejo con reclamos concretos por el deterioro de rutas estratégicas, anticipa lo que podría ser una reacción en cadena de los mandatarios provinciales. En Salta, la gestión de Sáenz deberá evaluar cómo equilibrar su relación política con la Casa Rosada frente a una pérdida de recursos que amenaza con condicionar la gestión local hasta 2027.
En definitiva, lo que comenzó como un debate sobre la flexibilización y modernización del mercado de trabajo ha derivado en una disputa fiscal de fondo. La aprobación de la reforma laboral reabre la discusión sobre el federalismo argentino y el reparto de la carga del ajuste. Para Salta, el desafío será mayúsculo: defender su cuota de recursos en un escenario nacional que prioriza el equilibrio fiscal centralizado por sobre las necesidades financieras de las provincias del norte.
