En el oficialismo reconocen que la situación de ambos es compleja, pero remarcaron que la sola imputación no resulta suficiente para que dejen sus bancas
En la Cámara de Diputados de Salta, el bloque oficialista hizo valer su mayoría numérica para frenar un pedido sobre tablas presentado por La Libertad Avanza (LLA), el cual buscaba la suspensión preventiva de los diputados Héctor Raúl Vargas y Gerardo Orellana, ambos imputados en la justicia ordinaria y federal. A pesar de que desde las propias filas del oficialismo reconocen la gravedad y complejidad de la situación procesal de los legisladores dada la contundencia de las pruebas recabadas por los juzgados intervinientes, remarcaron firmemente que la sola imputación judicial no resulta un argumento legal o institucional suficiente para obligarlos a dejar sus bancas.
Uno de los legisladores involucrados es el ex intendente de la localidad de San Carlos, Héctor Raúl Vargas, a quien la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) le atribuyó graves delitos presuntamente cometidos durante su gestión al frente del municipio entre 2019 y 2023. En el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal, la Fiscalía imputó a Vargas como supuesto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público. Las acusaciones giran en torno a irregularidades en la compra y venta de terrenos para un lote social, el manejo de fondos nacionales y retiros injustificados de una cuenta municipal por un monto superior a los 64 millones de pesos.
Por su parte, el diputado provincial por el departamento de Anta, Gerardo Orellana, enfrenta una causa en la Justicia Federal a cargo del fiscal general Carlos Amad, que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la tramitación de “pensiones truchas” a personas sanas mediante la falsificación de certificados e historias clínicas para simular enfermedades graves.
Tras la audiencia donde se imputó a quince personas por maniobras que generaban un fraude al Estado estimado en 3.280 millones de pesos mensuales, Orellana rompió el silencio, aseguró tener la conciencia tranquila. Además, respaldó su conducta profesional en más de 34 años de ejercicio de la medicina y dos mandatos como intendente, sugiriendo que la denuncia respondería a una intencionalidad política.
Con este rechazo parlamentario, el oficialismo logró sostener la inmunidad y continuidad de sus representantes en el recinto, priorizando el principio de presunción de inocencia mientras las causas judiciales continúan su curso. No obstante, la controversia promete mantenerse firme en la agenda política provincial.
