La decisión del Concejo Deliberante marcó el comienzo formal de un proceso legislativo que evaluará el desempeño del jefe comunal frente a una serie de denuncias presentadas en su contra.
El Concejo Deliberante de La Merced dio un paso institucional clave al aprobar, con cinco votos a favor y dos abstenciones, la admisibilidad de los expedientes para iniciar el juicio político contra el intendente Javier Wayar. Esta decisión marca el comienzo formal de un proceso legislativo que evaluará el desempeño del jefe comunal frente a una serie de denuncias presentadas en su contra.
La medida se fundamenta en la recientemente promulgada Ordenanza de Reglamentación N.º 11/2026, una normativa que regula el procedimiento por presunto mal desempeño de los funcionarios municipales. La presidenta del Concejo, Mónica Berruezo, destacó que se trata de la primera aplicación de esta herramienta, la cual debió ser gestionada y publicada en el Boletín Oficial por el propio cuerpo legislativo tras haber sido vetada en reiteradas oportunidades por el Ejecutivo.
De acuerdo con las declaraciones de Berruezo, el cuerpo deliberativo esperaba estratégicamente la entrada en vigencia de la norma para evitar posibles cuestionamientos legales durante el proceso. Antes de avanzar con la votación, los ediles verificaron minuciosamente que las presentaciones —impulsadas tanto por vecinos como por un concejal— cumplieron con los requisitos de identificación y ofrecimiento de pruebas, disponiendo finalmente su pase a la Comisión de Legislación.
El próximo paso formal será la creación de una comisión investigadora que estará integrada por dos concejales de distintos espacios políticos, una medida diseñada para garantizar la imparcialidad del proceso. Este órgano tendrá la responsabilidad de analizar la documentación recopilada y elaborar un dictamen final en un plazo que, según lo estipulado por la Carta Orgánica Municipal, no podrá exceder los cuatro meses. De cumplir las mayorías requeridas al término de este período, el proceso podría culminar en la destitución del mandatario. Por último, las autoridades legislativas aclararon que este juicio político constituye un recurso puramente institucional de control y rendición de cuentas, por lo que corre de manera paralela y no reemplaza a las investigaciones que la justicia ordinaria lleva adelante sobre el intendente. Con esta acción, el Concejo Deliberante busca consolidar los mecanismos de transparencia local tras un largo camino de insistencia normativa.
