El Senado aprobó los pliegos de continuidad pese a la fuerte resistencia de la oposición. El legislador Roque Cornejo impugnó el procedimiento por graves vicios formales y alertó sobre la vulneración del principio de igualdad ante la ley.
La Cámara de Senadores de la Provincia de Salta aprobó formalmente la renovación de los mandatos de dos juezas (Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo) para integrar la Corte de Justicia local, desatando una profunda controversia en el arco político e institucional. La decisión, impulsada fuertemente por el oficialismo provincial, logró sortear los filtros legislativos necesarios para ratificar la continuidad de las magistradas en el máximo tribunal. Sin embargo, el tratamiento de los pliegos estuvo lejos de alcanzar el consenso generalizado, quedando envuelto en un clima de extrema tensión debido a los severos cuestionamientos referidos a la legalidad y transparencia del proceso de selección adoptado.
El principal foco de resistencia en el recinto fue liderado por el legislador Roque Cornejo, quien impugnó de manera categórica el dictamen oficialista argumentando la existencia de irregularidades técnicas insalvables. El parlamentario expuso detalladamente que las postulaciones adolecían de un severo defecto formal, dado que se constató la absoluta ausencia de documentación respaldatoria crítica, específicamente las declaraciones juradas de las candidatas y el correspondiente informe previo emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Salta (ARCA). Según el legislador, omitir estas certificaciones esenciales constituye una violación flagrante e inadmisible a las exigencias explícitas contempladas en la Ley Provincial 8311 de procedimiento de designaciones.
Más allá de las falencias administrativas detectadas, la objeción central de Cornejo se fundó en un planteo de inconstitucionalidad de fondo, apuntando de forma directa al incumplimiento sistemático del artículo 156 de la Constitución Provincial reformada en el año 2021. El legislador advirtió que se pretende forzar una interpretación de conveniencia política, intentando resguardar la inalterabilidad de beneficios anteriores en flagrante contradicción con los fallos firmes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los los cuales estipulan que ningún funcionario posee un derecho adquirido sobre el mantenimiento de leyes o reglamentos. Desde su perspectiva, bajo el nuevo marco constitucional vigente, las juezas propuestas se encuentran inhabilitadas para ser electas nuevamente o, bajo la antigua normativa, debieron extender su anterior mandato sin recurrir a este forzoso artilugio legal.
Durante su vehemente intervención en el recinto, el legislador trazó un paralelismo histórico que se remontó al origen mismo del Poder Judicial en la Grecia Antigua del año 416 aC, recordando el nacimiento del Tribunal Supremo de Atenas como un órgano revisor destinado a rectificar las pasiones y las malas decisiones colectivas de la Asamblea popular. Cornejo utilizó este antecedente para remarcar que la naturaleza ontológica de la judicatura exige que quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia gocen de una legitimidad intachable y demuestren una conducta plenamente conteste con las normas que obligan a cumplir al resto de los ciudadanos. El legislador lamentó que la intencionalidad política del Poder Ejecutivo y del Senado prima por sobre este principio rector de la civilización occidental.
El planteo opositor hizo especial hincapié en la profunda herida social e institucional que este antecedente provoca en la comunidad salteña, al socavar el principio de igualdad ante la ley consagrada en la Carta Magna. Cornejo denunció de manera tajante el peligroso contrasentido de erigir un tribunal de última instancia mediante procedimientos viciados, cuestionando severamente la autoridad moral futura del cuerpo para pronunciarse sobre acciones populares de inconstitucionalidad si su propia conformación vulnera la banda constitucional. Para el parlamentario, esta preocupante anomalía surge en una crisis de identidad y un colapso ético al sistema de contrapesos local, involucrando de manera directa al Senado, al Poder Ejecutivo y a la propia Corte de Justicia en una degradación institucional.
Más rechazos
Luego de que la Justicia rechazara la acción que había presentado para impedir la continuidad de las postulaciones de las juezas María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo, el diputado Guillermo Durand Cornejo apeló la resolución y pidió que sea declarada nula.
El recurso, interpuesto con el patrocinio de la abogada Ariadna Díaz, apunta directamente contra la sentencia de la jueza Graciela Moreno, quien el jueves rechazó “in limine” la demanda por considerar que el legislador carecía de legitimación para accionar. En la apelación, Durand Cornejo sostiene que la magistrada incurrió en errores de procedimiento y de interpretación jurídica, por lo que solicita que la resolución sea anulada y que el expediente vuelva a tramitarse ante otro juez. El escrito, entre sus principales argumentos, subraya que la jueza habría dictado sentencia sin resolver previamente dos planteos que habían sido formulados por el actor: una objeción sobre la competencia del fuero contencioso administrativo y una recusación sin causa.
Según el diputado, ambos planteos debían recibir tratamiento antes de cualquier decisión sobre el fondo del asunto, omisión que vulneró las garantías del debido proceso y del derecho de defensa. En la resolución recurrida, la jueza concluyó que Durand Cornejo no acreditó un derecho subjetivo afectado ni un perjuicio concreto, personal y diferenciado respecto del resto de los ciudadanos, requisito que consideró indispensable para habilitar la intervención judicial.
