Una vez más, el gobernador salteño dio muestras del delicado equilibrio en el que se mueve. Mientras está obligado a tejer acuerdos de gobernabilidad en Buenos Aires, enciende las alarmas más estridentes sobre el impacto del ajuste económico. ¿Cómo terminará este vínculo?
El escenario político argentino actual asiste a un ejercicio de alta tensión donde la supervivencia financiera de las provincias choca de frente con el alarmante deterioro del humor social. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encarna a la perfección este dilema: posicionado como un peronista aliado a la Casa Rosada, el mandatario salteño se mueve en un delicado equilibrio que lo obliga a tejer acuerdos de gobernabilidad en Buenos Aires mientras, en simultáneo, enciende las alarmas más estridentes sobre el impacto del ajuste económico en el interior profundo del país.
Esta dualidad quedó al descubierto tras sus recientes reuniones en los despachos nacionales. Sáenz desembarcó en la Ciudad de Buenos Aires para mantener encuentros clave con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, buscando coordinar líneas de trabajo que garanticen un mínimo de equilibrio federal. Sin embargo, el verdadero pulso de la urgencia se midió en su audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde el salteño debía reclamar con firmeza que se destraben recursos vitales para reactivar obras públicas estratégicas que hoy se encuentran paralizadas, como las plantas depuradoras de Salta y Cafayate, infraestructura escolar y tramos clave de rutas nacionales.
La urgencia de estas gestiones responde a una realidad asfixiante: ante la parálisis del Gobierno federal, la provincia de Salta ha tenido que financiar con fondos propios las certificaciones de obras nacionales para evitar su abandono definitivo, asumiendo incluso planes de contingencia vial como el bacheo profundo en la Ruta Nacional 9/34. El reclamo de Sáenz a Caputo no solo incluyó infraestructura, sino también una demanda de previsibilidad energética para el Norte Grande, una región que padece la falta de suministro de gas con cada descenso de temperatura, paralizando la producción local y golpeando la vida cotidiana de millas de familias que dependen de subsidios como el de las “zonas cálidas”.
Pero mientras el gobernador gestiona en los despachos oficiales con tono de cooperador, sus declaraciones televisivas con Eduardo Feinmann revelaron una lectura política subterránea mucho más dramática y disruptiva. Sáenz trazó un paralelismo explícito con la histórica crisis socioeconómica de 2001, advirtiendo que percibe a una sociedad sumida en la “desesperanza”. Según su análisis, el electorado pasó del odio y la bronca que funcionó como el motor electoral para otorgarle un “cheque en blanco” a la gestión actual, a un estado de agotamiento extremo de la confianza pública que amenaza con diluir cualquier perspectiva de recuperación.
La gravedad del diagnóstico de Sáenz radica en que identifica características inéditas y más peligrosas que las de principios de siglo, manifestadas en una violencia discursiva digital donde el histórico reclamo de “que se vayan todos” mutó hacia un nihilista “que se mueren todos”. Este quiebre del tejido social se alimenta de postales cotidianas alarmantes: jubilados que no pueden pagar sus remedios, familias enteras comiendo salteado y el cierre definitivo de pymes que representaron el esfuerzo de toda una vida. En este contexto, el mandatario diferenció la resiliencia de los grandes capitales —donde la economía informal de aplicaciones de transporte ofrece un refugio de subsistencia— frente al desamparo absoluto del interior, donde la falta de mercado y de bienes de capital anula cualquier alternativa de autoempleo.
En última instancia, el posicionamiento de Gustavo Sáenz opera como un termómetro del temor que comparten los gobernadores del norte argentino, donde el empleo público y las actividades primarias sostienen la estructura social. Al exhibirse como un gestor pragmático ante la gestión de Javier Milei y, al mismo tiempo, como el mensajero de una inminente crisis de representación política, el salteño intenta blindarse: busca los recursos económicos indispensables para contener el descontento en su territorio, mientras advierte al poder central que, si el ajuste no calibra su impacto sobre los sectores más vulnerables, el descreimiento institucional terminará devorándose la legitimidad de todo el arco político.
