En la Cámara de Diputados, la familia de la víctima fue escuchada por las autoridades. Legisladores insisten en la importancia de que el Concejo Deliberante avance con el juicio político.
Una multitudinaria caravana de vehículos se movilizó el último martes desde La Merced con destino a la ciudad de Salta. La movilización, encabezada por Pablo Arias, padre del pequeño Tomás, recorrió la ruta sumando voluntades en Cerrillos antes de apostarse frente a la Legislatura provincial. El objetivo principal de la marcha fue visibilizar el pedido de justicia por la muerte del niño, quien fue arrollado por una camioneta vinculada al intendente Javier Wayar, y reactivar el urgente reclamo de intervención del Ejecutivo Municipal ante la falta de respuestas institucionales.
Durante la jornada, la familia de la víctima logró ser recibida por las autoridades legislativas, ante quienes ratificaron la necesidad de desplazar al jefe comunal de su cargo. Arias fue contundente al señalar la responsabilidad política del intendente, independientemente de quién conducía el vehículo al momento del trágico hecho, y denunció el abandono por parte del municipio tras el siniestro. “No vino nadie, nadie se acercó”, se lamentó el padre, quien aclaró que su lucha nace desde un lugar estrictamente personal y colectivo, lejos de cualquier interés partidario.
La expectativa de los manifestantes se centra ahora en el avance del proyecto de intervención que hace dos semanas impulsaron los representantes del departamento Cerrillos (los diputados Luis Albeza y Carlos Jorge, junto al senador Gonzalo Caro Dávalos). Tras el encuentro en el palacio legislativo, los familiares quedaron a la espera de que el cuerpo deliberativo dé curso a esta iniciativa, que busca brindar una salida institucional a la crisis de legitimidad y los cuestionamientos sobre la gestión y los controles municipales que estallaron tras la muerte de Tomás.
A pesar de que intentos previos de intervención fueron rechazados en el recinto, la presión social parece haber recobrado un nuevo impulso con esta movilización. Ahora, la comunidad permanece en estado de alerta, guardando que los legisladores traduzcan el compromiso asumido en las oficinas en acciones concretas que garantizan la transparencia y la justicia que el pueblo de La Merced exige.
