“El Concejo aún no cuenta con la herramienta para enjuiciar políticamente a Wayar”, dicen los concejales. ¿Llegará la intervención de la Legislatura?
La ciudad de La Merced atraviesa una profunda crisis institucional y social que ha puesto en jaque la gestión del intendente Javier Wayar. Al descontento acumulado por la falta de respuestas ante las inundaciones del verano, se sumó recientemente la tragedia de un niño de cinco años, quien murió atropellado por el chofer del Intendente mientras conducía la camioneta del propio jefe comunal. Este hecho colmó la paciencia de los vecinos, quienes desde hace una semana se mantienen movilizados en las calles exigiendo justicia y la renuncia inmediata del mandatario.
Ante la presión popular, el Concejo Deliberante busca avanzar en mecanismos legales para determinar responsabilidades sobre una gestión que suma críticas y denuncias, aunque se enfrenta a obstáculos administrativos recurrentes. Los ediles denuncian que, desde el año 2022, el Ejecutivo Municipal ha vetado sistemáticamente las normas que buscan regular el proceso de juicio político. Esta situación ha dejado al cuerpo legislativo local en una posición de vulnerabilidad institucional frente a las demandas de los más de 700 vecinos que firmaron el petitorio para remover a Wayar.
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El concejal y presidente del cuerpo, Enrique Torres, brindó detalles sobre la compleja ingeniería legal que están llevando a cabo para destrabar el conflicto. Torres relató que, apenas diez días antes del trágico accidente, se aprobaron reformas a la ordenanza de juicio político que ya fueron remitidas al Ejecutivo. El concejal advirtió que Wayar tiene hasta la próxima semana para pronunciarse, pero aclaró que, en caso de un nuevo veto, el cuerpo ya cuenta con la mayoría necesaria (cinco representes de los siete que componen el Concejo) para insistir y dejar firme la normativa.
“El Concejo aún no cuenta con la herramienta para enjuiciar políticamente a Wayar”, remarcó Torres con firmeza, evidenciando el vacío legal que el intendente viene utilizado para sostenerse en el cargo. El edil explicó que, ante esta limitación técnica, han decidido elevar una nota formal a la Legislatura provincial y al Ministerio de Gobierno de Salta para exponer la “nula” gestión de la actual administración y los graves antecedentes que rodean al jefe comunal.
Finalmente, el concejal Torres se mostró escéptico sobre la capacidad de resolución interna dada la urgencia del caso y la parálisis administrativa. El edil indicó que, más allá de la voluntad del Concejo para avanzar con el juicio político local, cree que la solución definitiva vendrá desde afuera. Según sus declaraciones, es altamente probable que la Legislatura provincial defina la intervención del Ejecutivo Municipal en los próximos días, una medida que ya cuenta con proyectos impulsados por legisladores del departamento Cerrillos.
