La medida anunciada por el gobernador Sáenz abarcará a los integrantes de los tres poderes del Estado.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, evidenció un rotundo cambio de rumbo en su gestión al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de la provincia. La medida, que alcanza a los cuadros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos de control, sostiene en sus fundamentos que busca elevar los estándares de ética, idoneidad y transparencia en el ejercicio de la administración pública.
Al argumentar la iniciativa, el mandatario salteño fue tajante respecto a la naturaleza del servicio estatal, afirmando que “ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”. Sáenz subrayó que el objetivo primordial es asegurar que quienes representan al Estado cumplan con condiciones estrictas de conducta, acordes a la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones gubernamentales.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que este decreto es una herramienta clave para garantizar que los funcionarios posean la aptitud moral y funcional necesaria para sus tareas. En este sentido, el gobernador sostuvo que la gestión pública debe cimentarse sobre reglas claras y controles efectivos, consolidando una política orientada a fortalecer la credibilidad institucional frente a la sociedad.
El DNU no solo impone la realización de los testeos, sino que también define consecuencias legales para quienes se nieguen a cumplirlos o arrojen resultados incompatibles con la función. Según la normativa vigente y lo dispuesto por la Constitución Provincial, las sanciones podrían escalar hasta la remoción del cargo, reforzando la idea de que la ética y la transparencia son pilares irrenunciables para la permanencia en el Estado.
Por su parte, el diputado provincial (mandato cumplido) Juan Esteban Romero celebró la medida, aunque recordó el complejo camino legislativo que precedió al decreto. Romero reveló que intentó impulsar este proyecto desde noviembre de 2024, pero que durante todo el 2025 encontró una fuerte resistencia, incluso dentro del propio bloque del oficialismo provincial. Esta falta de acompañamiento lo llevó, en su momento, a abandonar su espacio político para conformar un monobloque desde el cual siguió defendiendo la iniciativa.
Finalmente, Romero calificó como un “buen criterio” que el gobernador avanzara mediante un DNU ante la parálisis legislativa. “Es muy incómodo que la política se controle a sí misma; había mucha gente en la Legislatura que quería mantener privilegios”, sentenció el ex legislador, quien concluyó que la implementación de estos controles en los tres poderes, intendencias y concejos deliberantes permitirá transparentar la política y mejorar sustancialmente la institucionalidad de Salta.
