¿Cuántas veces frente a una pantalla opinaste sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona ante un determinado caso judicial? ¿Te imaginás tener esa responsabilidad en tus manos?
Bueno, una semana después de haber acortado la participación ciudadana en la elección de candidatos con la supresión de las elecciones primarias (PASO) del sistema electoral local, la Legislatura de Salta dio el primer paso para avanzar en la implementación del juicio por jurados en el ámbito del Poder Judicial.
Justamente, siete días después de la reforma electoral y bajo el argumento de promover la consolidación de un Estado “auténticamente republicano y democrático”, el saencismo junto a bloques aliados se alzó con la media sanción del proyecto.
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El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Provincial se divide en nueve capítulos que albergan 106 artículos con el principal objetivo de promover “participación ciudadana en la administración de justicia penal”.
Entre sus principales artículos, la norma fija que “deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, los delitos previstos en el artículo 80 del Código Penal de la Nación”; y determina que estos actos procesales tendrán circunscripción judicial en el lugar en el que se cometió el hecho. Además, se precisa que el jurado se integrará con doce (12) miembros titulares y cuatro (4) suplentes y que tal composición respete una equivalencia de cincuenta por ciento (50%) del género femenino y otro cincuenta por ciento (50%) del género masculino.
Siguiendo la Constitución
En representación de la bancada oficialista, la diputado Patricia Hucena aseguró que este paso “trascendental para la Justicia de Salta” tiene sustento en lo planteado hace más de 100 años en la Constitución Nacional donde se exige que los delitos más graves sean juzgados por ciudadanos. “El mandato ha permanecido inalterado en las sucesivas reformas de la constitución nacional, inclusive, y se encuentran vigente hoy en el artículo cinco de nuestra Constitución, el 118, el 121, el 122, 123 y el 126”, explicó la dirigente oranense.
La titular de la bancada Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, destacó la importancia de inmiscuir a la ciudadanía en “decisiones judiciales sobre posibles afectaciones al máximo valor democrático que es la libertad”. “Esto no es ceder autonomía, sino reconocer ciudadanía plena a los habitantes. Este funcionamiento del sistema de juicios por jurado no quita, además, la responsabilidad a las y los magistrados. Por lo contrario, va a permitir el desarrollo del sistema acusatorio pleno porque mantiene la responsabilidad de los órganos acusadores de que presentan una imputación seria y de la defensa de hacer uso efectivo de todos los derechos del imputado y va a asignar a los jueces técnicos la función de contralor al desarrollo de todo este proceso y va a ir instruyendo adecuadamente al jurado”, detalló.
En contra del tratamiento exprés
El proyecto aprobado en la última sesión de la Cámara baja llegó al Palacio Legislativo hace exactamente una semana atrás. El lunes, los principales referentes del Poder Judicial local visitaron la Legislatura para manifestarse sobre el tema y 24 horas después se consumó la aprobación en la Cámara baja.
Al considerar que hay garantías que todavía no están bien planteadas y que la propia cúpula judicial se mostró a favor de rediscutir algunos aspectos del proyecto con estado parlamentario, la bancada del PRO propuso que la iniciativa vuelva a comisiones para ser discutida con mayor profundidad. El pedido no prosperó.
“Un juez tiene a disposición todas las pruebas para dar su veredicto y toma una decisión en base a las pruebas que se presentan. En este caso, el jurado no va a tener acceso a todas las pruebas, sino que se va a basar en las pruebas que se presenten en el momento de la sesión del juicio a través de los testigos. Con este esquema, el jurado va a juzgar con pruebas tamizadas lo que dignifica que hay una parte de las pruebas a las que no van a tener acceso los jurados”, consideró la diputada Sofía Sierra.
En diálogo con Legisnoa, la dirigente puso énfasis en la importancia de que los jueces tengan la capacidad de brindar de manera correcta y adecuada información al jurado sobre el propio proceso. “Es importante que los 12 miembros del jurado logren entender al 100% cuáles son sus obligaciones, porque este proyecto tiene mucha carga sobre el jurado. Una carga pública que no sé si la ciudadanía en su conjunto está tan ávida de tener un juicio por jurado. La ciudadanía quiere que haya una justicia más rápida y eficiente, pero no está pidiendo a gritos conformar un juicio por jurado”, remarcó la legisladora.
Como el proyecto establece que luego de escuchar a las partes involucradas es el juez quien decide cuáles son las instrucciones para impartir a los jurados y confecciona los formularios con las distintas propuestas de veredicto, Sierra declaró que este punto resulta contradictorio porque el jurado no puede emitir su propuesta y solo se ajusta a los veredictos del magistrado. “Si el jurado se tiene que ajustar simplemente a lo que dice el juez, entonces para qué está. Lo único que haría es quitarle un poco el peso de la responsabilidad al juez”, manifestó.
Dictamen sin votos
Durante el debate legislativo, el bloque de Ahora Patria presentó un dictamen en minoría con ciertas modificaciones respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En representación de la bancada, Roque Cornejo destacó la necesidad de que los delitos contra la administración pública sean contemplados también en la intervención de los juicios por jurado. “¿Por qué el fraude al Estado, el fraude a la administración pública, cometido por los políticos, por aquellos socios de los políticos, amigos de los políticos, cómplices de los políticos, no van a ser juzgados por el ciudadano?”, se preguntó en el recinto. La propuesta no fue acompañada por el resto de sus pares.
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